De la categoría a la acción. Transformaciones desde la academia

INTRODUCCIÓN
Como muchas personas migrantes, inicié mi camino con un proyecto académico y de vida al venir a estudiar un posgrado a una de las universidades más importantes de América Latina: la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, en 2018, la crisis política en Nicaragua desvió mi camino y me obligó a solicitar protección internacional en México. Desde entonces he experimentado el refugio en un contexto marcado por desigualdades estructurales que afectan de manera diferenciada a las personas en movilidad, vistas como simples beneficiarias o víctimas, sin ser reconocidas como agentes de cambio. Este ensayo propone una reflexión crítica y contextualizada sobre el vínculo entre el desplazamiento forzado, la desigualdad y la urgencia de garantizar una participación significativa de las personas refugiadas en la toma de decisiones, tanto a nivel local como internacional.

LAS CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO
Cuando se habla de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiada, generalmente se piensa únicamente en la persecución política. Sin embargo, las causas que originan un desplazamiento forzado son diversas y van mucho más allá. De acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México (2011), el reconocimiento se otorga no sólo a quienes huyen por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, sino también a quienes no pueden regresar a su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la agresión extranjera o las violaciones masivas a los derechos humanos, tal como lo indica la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984 (ACNUR, 1984). Este instrumento jurídico regional, aunque no es vinculante, permite visibilizar que las causas del refugio en América Latina son múltiples, estructurales y profundamente ligadas a contextos de desigualdad e impunidad. Por eso me reconozco, al igual que muchas otras personas de mi país, en esa definición ampliada que no puede ser comprendida únicamente desde lo político, porque lo que nos obligó a desplazarnos también fue el miedo, la impunidad y la imposibilidad de tener un vida digna en nuestro país de origen. A esto se suma otro prejuicio común: pensar que las personas refugiadas sólo pueden provenir de contextos de marginación económica o con acceso restringido a oportunidades educativas. Para muchas personas resulta incomprensible que alguien con estudios de posgrado, como es mi caso, también pueda ser refugiada. Pero el refugio no se define por el nivel educativo ni por la clase social, sino por la necesidad urgente de salvaguardar la vida.

Evento en conmemoración del Día Mundial de la Persona Refugiadas, ACNUR, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la Coordinación General de Atención Movilidad Humana del Gobierno de la Ciudad de México y el Mecanismo de Diálogo de Personas refugiadas

México me permitió resguardar mi vida, pero no me eximió de vivir otras formas de desigualdades y violencias compartidas con la población local. Como mujer en un país con una de las tasas más altas de feminicidios en América Latina [ver p. XX en este número], he experimentado el miedo constante, la inseguridad y la normalización de la violencia en general como parte del entorno cotidiano. El hecho de tener condición de refugiada no me hace ajena a esas realidades; por el contrario, me vincula con ellas y refuerza mi convicción de que los derechos humanos fundamentales no se defienden en lo individual: es una tarea colectiva.

LAS CAUSAS DEL REFUGIO EN AMÉRICA LATINA SON MÚLTIPLES, ESTRUCTURALES Y PROFUNDAMENTE LIGADAS A CONTEXTOS DE DESIGUALDAD E IMPUNIDAD

PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA Y EL VÍNCULO CON LA COMUNIDAD UNAM
Como parte de la comunidad UNAM y formada en sus principios éticos, entre los que destacan la igualdad, la conciencia crítica, el respeto a la diversidad, la responsabilidad social y el compromiso con la justicia y la solidaridad humana, he asumido un compromiso activo con los derechos humanos que trasciende mi condición de refugiada.

Fotografía: Evelin Flores

Este enfoque universitario de ser útiles a la sociedad ha fortalecido mi convicción de que mi participación no debe limitarse al ámbito local, sino que debe extenderse a cualquier espacio de decisión que impacte directamente en nuestras vidas. Desde esa perspectiva, he pasado de ser beneficiaria a convertirme en una sujeta política que aporta voz y perspectiva propia, no sólo en espacios comunitarios, sino también en foros académicos y redes regionales de incidencia.

Mi participación activa comenzó en el ámbito local, con la creación de la Asociación Nicaragüense en México, la primera organización de personas refugiadas nicaragüenses constituida formalmente en el país. También formo parte del Grupo de Protección de la Ciudad de México, donde lidero el subgrupo de incidencia y comunicación como persona refugiada, lo que ha permitido establecer un canal de diálogo directo con el gobierno local.

Fotografía: Evelin Flores

Sobre esa base contribuí a la creación de MERLOS (Mecanismo de Diálogo entre organizaciones lideradas por personas refugiadas y ACNUR México, https://merlosmx.org/), formalizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en diciembre de 2023. Desde allí mi participación se amplió al plano internacional: formé parte del II Foro Mundial sobre los Refugiados, vinculándome con compromisos globales en materia legal y de fortalecimiento de los sistemas de asilo. En 2025 nuestra organización asumió la presidencia pro tempore del Mecanismo de Diálogo entre Organizaciones de la Sociedad Civil para el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS). También soy parte del Grupo Articulador de las Organizaciones Lideradas por Personas Refugiadas y Desplazadas en América Latina y el Caribe (GARLOS), que incidió directamente en el proceso de Cartagena+40 (cuarenta aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, ver recuadro) y el Plan de Acción Chile 2024-2034, donde ahora participamos en la plataforma de apoyo del Mecanismo de Seguimiento junto a otros actores no gubernamentales y que es presidido por el gobierno de Chile con el de México en la vicepresidencia.

Sin embargo, el camino de la participación no ha sido fácil. En más de un espacio hemos enfrentado dinámicas de “tokenismo” (un mecanismo mediante el cual se da la impresión de inclusión, pero sin modificar una realidad excluyente), donde se espera que demos un testimonio, pero no que intervengamos en la toma de decisiones. También hemos visto cómo nuestras voces son escuchadas, pero no tomadas en cuenta. Por eso, insistir en una participación significativa no es sólo una demanda formal: es una lucha por ocupar un lugar legítimo en la construcción de políticas que afectan directamente nuestras vidas.

El desplazamiento forzado no sólo exige respuestas humanitarias o actos de solidaridad; exige transformaciones estructurales, corresponsabilidad entre los actores y políticas públicas basadas en derechos. Aunque nuestras experiencias están marcadas por el dolor, también pueden transformarse en acciones para el cambio. Nuestra participación no puede seguir siendo simbólica y testimonial. Solamente cuando nuestras voces, experiencias y conocimientos sean integrados de manera efectiva en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas, podremos hablar de eliminar barreras, reducir desigualdades y construir políticas realmente justas e inclusivas.

Evento Ministerial de Cartagena+40, marco de la adopción de la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034. En la fotografía: Sr. Filippo Grandi, Alto Comisionado de ACNUR; Maholy Sánchez, Coalición por Venezuela; y la autora

Fotografía: Ana Lorena Valle

---