¿Derechos o privilegios? El estado y las desigualdades en México

INTRODUCCIÓN
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024, analizada en el informe ¿Derechos o privilegios? elaborado por Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Oxfam e Indesig, 2025),  pone de manifiesto que México sigue siendo un país fracturado. Los avances en la reducción de la pobreza pueden llevar a pensar que el camino hacia la igualdad está trazado. Sin embargo, los datos demuestran que sin un Estado que asuma de manera decidida el papel de garante de derechos, las conquistas alcanzadas serán frágiles y reversibles.

El Estado no es un actor más en la vida social: es el rector de la política pública, el árbitro del mercado y el responsable de los derechos humanos. Es a través de los derechos —y no de la asistencia ni de la lógica del mercado— como podemos asegurar que los sistemas económico y político confluyan en un mismo propósito: que todas las personas que habitan un territorio tengan una vida digna. Ninguna persona debe quedar excluida de la educación, la salud, la alimentación o el trabajo decente por razones de origen social, de ingreso o de estatus en un contexto como el nuestro, en el que somos un país con enorme riqueza. Sin embargo, la riqueza está concentrada y mal distribuida y el Estado es débil en su capacidad recaudatoria, reguladora y de provisión de servicios.

Derechos o privilegios
Fotografía: OXFAM, 2024

El análisis de las desigualdades no puede limitarse a las diferencias socioeconómicas medidas en ingresos o gastos. Es indispensable una lectura que también incorpore el género, la pertenencia étnica, la edad y el lugar de residencia, entre otras dimensiones. Estas categorías nos permiten comprender las causas estructurales de las brechas, que no son casuales sino producto de sistemas históricos de discriminación y exclusión. Una política pública que aspire a la justicia social tiene que reconocer que las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidad o quienes habitan en zonas rurales enfrentan obstáculos adicionales para el ejercicio de sus derechos. Sólo un diagnóstico integral de estas desigualdades múltiples puede orientar estrategias estatales que no sean paliativos, sino transformaciones reales hacia la igualdad sustantiva.

SIN UN ESTADO FUERTE QUE RECONOZCA SU PROPÓSITO Y CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR BIENES COLECTIVOS, LOS LOGROS EN REDUCCIÓN DE LA POBREZA SE DILUYEN CON CADA CRISIS Y LA DESIGUALDAD SE NORMALIZA COMO UN DESTINO INEVITABLE

Este artículo recupera los hallazgos del informe de Oxfam México e Indesig (2025) con el objetivo de mostrar que la desigualdad no se corrige con medidas coyunturales ni con paliativos, sino con políticas estructurales que incluyan una reforma fiscal progresiva, inversión en servicios públicos universales y un compromiso sostenido de evaluación de las políticas públicas. México se encuentra en una encrucijada histórica donde se define si la reducción de la pobreza será sostenible o si, por el contrario, quedará atrapada en el ciclo de logros temporales que pronto se desvanecen.

LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES NO SON VIGENTES PARA LA MAYORÍA, SON MÁS BIEN PRIVILEGIOS RESERVADOS A UNOS POCOS

INGRESOS Y DISPARIDADES
La fotografía que nos entrega la ENIGH 2024 es contundente: el ingreso promedio mensual per cápita asciende a 21,825 pesos, pero detrás de ese número hay un país partido en dos. El decil I apenas sobrevive con 2,168 pesos al mes por persona, mientras que el uno por ciento más rico alcanza los 958,777 pesos.

Esta distancia es más que una estadística: es la constatación de que el informe destaca que el uno por ciento más rico concentra el treinta y cinco por ciento de todos los ingresos, mientras que el diez por ciento más pobre apenas recibe el dos por ciento de la totalidad de los ingresos. Dicho de otra forma: la rebanada más grande del pastel se acumula en la cima, dejando a la mayoría con migajas. Piketty (2013) sostiene que en las economías modernas la acumulación de capital crece más rápido que los ingresos del trabajo. Esto genera una concentración de riqueza que se perpetúa intergeneracionalmente. En México los datos confirman esa tesis: la herencia, los negocios y las rentas de capital siguen concentrándose en los hogares de mayores ingresos, lo que alimenta la persistencia de los privilegios. Estas desigualdades no son neutras: erosionan la confianza en la democracia, fracturan el tejido social y convierten el acceso a derechos fundamentales en un bien de lujo. La desigualdad, como advierte Stiglitz (2012), no sólo es injusta, también es ineficiente: socava el crecimiento y alimenta la inestabilidad política.

MÉXICO AÚN ESTÁ LEJOS DE GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES PUEDAN ELEGIR SU DESTINO SIN ESTAR DETERMINADAS POR LA ESCASEZ

Entre 2018 y 2024, los ingresos crecieron diecinueve por ciento en promedio. Para el decil más pobre, el aumento fue del veintinueve por ciento, lo que sugiere un avance progresivo. El coeficiente de Gini pasó de 0.68 a 0.63, una reducción de cinco centésimas. Sin embargo, esta reducción debe leerse con cautela: el uno por ciento más rico también incrementó sus ingresos en veintinueve por ciento. En términos absolutos, mientras que las familias más pobres ganaron cuatrocientos noventa y dos pesos más al mes, el uno por ciento más rico añadió 213,709 pesos mensuales.

Aquí aparece la paradoja: ¿podemos hablar de reducción de desigualdad cuando los extremos crecen a la par? Amartya Sen (1999) plantea que el desarrollo debe medirse no sólo por el aumento de ingresos, sino por la expansión de las libertades reales. Bajo este criterio, 

La pobreza puede reducirse coyunturalmente, pero si la desigualdad extrema se mantiene, no se logra consolidar una sociedad en la que todas las personas disfrutan de todos los derechos.

El informe destaca que el incremento en los ingresos proviene principalmente del aumento en los salarios, impulsado por la política de recuperación del salario mínimo y las reformas laborales recientes [ver p. 162 en este número]. Las transferencias sociales tuvieron un efecto limitado: en promedio representaron apenas el dieciséis por ciento del aumento en los ingresos del decil más pobre.

Ilustración: Monserrat García Silva

Esto abre una discusión más amplia: ¿qué papel deben jugar las transferencias en una estrategia de reducción de desigualdades? Oxfam Internacional (Khalfan et al., 2017) advierte que, sin cambios en las reglas estructurales de la economía, las transferencias actúan como parches en un sistema que reproduce privilegios. Una política de redistribución sólida requiere no sólo transferencias, sino también un mercado laboral inclusivo, sindicalización fuerte y protección social universal.

GÉNERO, HOGARES Y CUIDADOS
El informe dedica un espacio importante a la desigualdad de género. Los hogares encabezados por mujeres sin pareja con hijos tienen ingresos promedio de 11,548 pesos por persona, menos de la mitad que otros hogares (24,070 pesos). Además, en el decil X, incluso cuando las mujeres llegan a ocupar espacios de altos ingresos reciben mucho menos que los hombres en configuraciones similares.

El trabajo de cuidados no remunerado representa una dimensión clave, pero muchas veces invisible, en las desigualdades de género. Según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del INEGI, las mujeres representan el 75.1 por ciento de las personas cuidadoras principales, frente al 24.9 por ciento de los hombres. Dentro del hogar, entre quienes tienen quince años o más realizando estas labores, el 86.9 por ciento son mujeres y sólo el 13.1 por ciento son hombres. En promedio, las mujeres dedican 38.9 horas semanales a los cuidados, mientras que los hombres asignan 30.6 horas en promedio. Además, la desigualdad en el tiempo se acentúa dependiendo de a quién cuidan: en tareas dirigidas a menores de seis años, apoyos a personas con discapacidad o dependencia, o personas adultas mayores, la participación femenina es aún más desproporcionada. Estas cifras muestran claramente que la desigualdad no sólo se trata de cuánto ingreso se tiene, sino de quién carga cotidianamente con los trabajos de cuidado, lo que limita otros aspectos asociados al desarrollo personal, económico y social.

Esta sobrecarga de cuidados impide la autonomía económica de las mujeres. Para muchas, asumir el rol de cuidadora principal significa renunciar a oportunidades laborales, educativas o de participación social. La diferencia en las horas invertidas en cuidados entre mujeres y hombres no sólo es una desigualdad de tiempo, sino una desigualdad estructural que repercute en la salud, en el bienestar emocional y en las posibilidades de movilidad social. El trabajo de cuidados es irrenunciable, pero no puede recaer casi enteramente sobre las mujeres sin que el estado, el mercado y la sociedad asuman su parte de corresponsabilidad.

Sin un sistema nacional de cuidados y políticas públicas que reconozcan, reduzcan y redistribuyan estas tareas, los logros en la reducción de desigualdad serán superficiales e inestables. Por ejemplo, cuando madres o hijas son cuidadoras primarias —como sucede en el 64.5 por ciento de los casos de cuidados de personas con discapacidad, según INEGI— muchas se encuentran con el deseo de trabajar, pero sin apoyo para hacerlo. En esos contextos, el estado debe garantizar licencias de cuidado, espacios de cuidado público accesibles, servicios de atención diurna y protección social para cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Sólo así los hogares encabezados por mujeres sin pareja, sobre los que recae una doble carga —ingresos bajos y altas tareas de cuidado— podrán salir del círculo de precariedad.

Nancy Fraser (2013) insiste en que el feminismo debe ir más allá de la igualdad formal y cuestionar cómo las estructuras económicas subordinan el trabajo reproductivo. En México, la ausencia de un sistema nacional de cuidados perpetúa esa desigualdad. El gasto en cuidados, aunque reconocido en la ENIGH, sigue siendo asumido mayoritariamente por los hogares, lo que limita la autonomía económica y política de las mujeres.

GASTO, PRIORIDADES Y DERECHOS
El aumento del gasto promedio de los hogares (nueve por ciento entre 2022 y 2024) no eliminó las brechas. El decil más rico gasta seis veces más que el más pobre. Los hogares con menores ingresos destinan la mayor parte a alimentos, mientras que los más ricos pueden invertir en educación y transporte. Esta diferencia refleja la desigualdad en el acceso a derechos: quienes más tienen pueden acceder a todos los derechos, mientras que quienes menos tienen apenas sobreviven. El coeficiente de Engel (proporción del gasto total destinado a gasto en alimentos) muestra que en 2018 y 2020 los hogares del decil más bajo estaban en pobreza alimentaria, pero hacia 2024 mejoraron su situación. No obstante, esta mejoría depende en gran medida de los ingresos laborales y no de servicios públicos. Si el Estado no provee educación, salud y transporte de calidad, las familias pobres continuarán atrapadas en el dilema de destinar sus recursos a sobrevivir.

Desafortunadamente, a pesar de los logros innegables, el cambio estructural de la economía no ha ocurrido: vivimos en una economía diseñada para el uno por ciento, donde los derechos dependen de la capacidad de pago, no de ser personas. La lección más importante del informe es clara: sin un Estado fuerte y rector, los avances en reducción de la pobreza serán insostenibles. México necesita una reforma fiscal progresiva que redistribuya la riqueza y financie servicios públicos universales.

Precisamente ese es el propósito de la Alianza por la Justicia Fiscal, que fue presentada formalmente el 19 de marzo de 2024, compuesta por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el Centro de Análisis e Investigación Fundar, México Evalúa, Oxfam México, el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM (Ver entrevista Provencio p.178), con la intención de impulsar una reforma fiscal progresiva, justa y con perspectiva de género (ver https://alianzajusticiafiscal.mx/). En ese momento las organizaciones anunciaron un conjunto de propuestas que incluyen el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, gasto público eficiente y cambios al impuesto sobre la renta (ISR) para personas físicas de altos ingresos, así como la reducción de beneficios fiscales que favorecen a quienes tienen mayores recursos.

Una de las propuestas destacadas de la Alianza por la Justicia Fiscal es elevar la tasa efectiva del ISR para quienes concentran ingresos altos, restringir exenciones fiscales preferenciales, recuperar el impuesto a herencias millonarias y crear impuestos ambientales, como gravámenes sobre vehículos de lujo o propiedad de automóviles contaminantes. También plantea metas específicas para fortalecer servicios públicos: elevar al seis por ciento del PIB el presupuesto para salud, establecer un sistema universal de cuidado infantil para menores de seis años e incrementar el financiamiento estatal para un sistema judicial efectivo.

El reto no es técnico, es político. Significa decidir si los servicios de salud, educación y cuidados serán derechos universales o bienes de mercado. Significa reconocer que, sin inversión estatal, los logros alcanzados se evaporarán ante la próxima crisis.

COMO SUBRAYA SEN (1999), LA LIBERTAD REQUIERE CONDICIONES MATERIALES: SIN ELLAS, LOS DERECHOS SON PROMESAS VACÍAS

El informe de Oxfam México y el Indesig nos recuerda que la desigualdad en México no es sólo una cuestión de ingresos, sino de poder. Y el poder, cuando se concentra, convierte los derechos en privilegios.

Romper ese círculo exige un Estado presente, redistributivo y comprometido con la justicia social. Sólo así podremos construir un país donde los derechos no dependan de la cuna en la que nacemos.

En la conclusión del informe y del análisis que hemos tejido, surge una propuesta clara: para realmente reducir las desigualdades no basta con reformas parciales, se requiere una transformación estructural. Esto significa aprobar ya una reforma fiscal progresiva que eleve la recaudación fiscal sobre los grandes ingresos, la riqueza, herencias y ganancias patrimoniales; eliminar exenciones fiscales regresivas, e invertir esos recursos en servicios públicos universales —salud, educación, transporte, cuidados— de calidad real, con acceso garantizado, presupuesto adecuado y regulación que asegure eficiencia y equidad. Pero esa reforma fiscal debe ir acompañada de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva, de modo que la gente pueda ver que los impuestos sirven: que los que tienen más, pagan más; que esos ingresos se usan para que todos puedan ejercer derechos, no para engrosar privilegios.

La democracia no es sólo un esquema de participación política —votar, peticionar, protestar— sino el instrumento más potente de igualación si el Estado demuestra que cumple con su función de garantizar derechos. Para que las personas crean en el Estado es indispensable que la democracia rinda frutos tangibles: que los servicios públicos lleguen, que la justicia social deje de ser promesa para convertirse en experiencia cotidiana, que las desigualdades de género, de origen étnico, de vivienda o de salud se reduzcan de modo visible. Generar ese sentimiento de que “sí vale la pena participar, sí vale la pena pagar impuestos, sí vale la pena exigir derechos” fortalece el tejido social y garantiza que las reformas no sean apresadas por retrocesos políticos. En este sentido, la legitimidad estatal se construye con justicia redistributiva.

Alianza por la justicia fiscal
Fotografía: Mariana Campos (@mariana_c_v), 2024

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