Desigualdad en poblaciones indígenas y afromexicanas. Dimensiones múltiples en la configuración de la desigualdad social

En México, país pluricultural, las desigualdades sociales se manifiestan en disparidades en el acceso a recursos, oportunidades, servicios y poder, determinadas por clase social, género, etnia, religión y edad. El interés de este texto es destacar algunas de las asimetrías que afectan a los sectores que forman parte del sustrato culturalmente diverso de la sociedad mexicana. En particular se consideran los factores étnico-culturales en relación con la producción y reproducción de las desigualdades (Reygadas, 2007), centrando el análisis en dos poblaciones que forman parte de dicho sustrato: los pueblos originarios de México —que según datos de 2023 del INEGI suman 39.2 millones de personas que se han identificado como indígenas— y los pueblos y comunidades afromexicanos —que la misma fuente cuantifica en cerca de 2.5 millones de personas—.

Personas y comunidades afromexicanas
Fotografía: DGDC UNAM / Arturo Orta, 2012

A lo largo de la historia ambas poblaciones han enfrentado obstáculos para ejercer plenamente sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, a pesar de los cambios realizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2002 y 2019 que reconocen el carácter pluricultural de México, derivado de la presencia de la población originaria y de las personas de pueblos y comunidades afromexicanos. Este texto analiza los múltiples rostros de la desigualdad que afectan a estas poblaciones, retomando el concepto de “matriz de la desigualdad social” propuesto por la CEPAL para identificar las múltiples dimensiones que configuran la desigualdad, así como sus expresiones en los ingresos, el tipo de empleo y las carencias en ámbitos clave del desarrollo social como la educación, la salud y la vivienda, entre otros (CEPAL, 2016); estas condiciones se traducen en marginación, bajo desarrollo social y pobreza persistente, sostenidas por estructuras de poder que las reproducen y perpetúan.

Diversos estudios (Abramo, 2019; Freyermuth Enciso, 2010; Jusidman, 2009; Ordóñez Barba, 2018; Sesia, 2011) coinciden en señalar que estas poblaciones presentan niveles elevados de desigualdad social en relación con el resto de la sociedad. El Banco Mundial (https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples) pone énfasis en la situación de pobreza en la que viven, en concordancia con los datos de CONAPO 2020 que reportan niveles de marginación alta y muy alta para los municipios donde habitan estos grupos; además, enfrentan situaciones que agravan su condición, entre ellas el Banco Mundial identifica las siguientes:
Por su parte, el CONEVAL (2025) informó que en 2018 y 2022 la población indígena en situación de pobreza, según criterio de identificación de hogares, fue de 70.3 y 65.2 por ciento respectivamente. Otros estudios señalan que las poblaciones afromexicanas enfrentan condiciones similares (Bustelo, Frisancho, Viollaz, 2023), lo cual coincide con los datos del INEGI que reportan 45.8 por ciento de pobreza en el ámbito rural para esta población. Estas cifras reflejan las desigualdades sociales históricas que se evidencian en las múltiples asimetrías en el acceso a recursos del desarrollo social: “las diferencias se transforman en jerarquías y en acceso asimétrico a todo tipo de recursos” (Reygadas, 2007).

Personas y comunidades afromexicanas
Fotografía: Gaceta UNAM, 2025

EDUCACIÓN
En el sector educativo persisten carencias significativas para las poblaciones indígena y afromexicana, en contraste con el resto de la sociedad. En 2023, el INEGI reportó que 19.1 por ciento de la población indígena de quince años y más era analfabeta, frente al 2.8 por ciento de la población no indígena en el mismo grupo etario. En todo el país el promedio de escolaridad para la población indígena de quince años y más fue de 6.5 grados, mientras que la no indígena fue de 10.6 grados; tendencia que se mantuvo al comparar los datos entre hombres y mujeres. En cuanto a la asistencia escolar, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2023 reveló que 23.7 por ciento de la población indígena de tres a diecisiete años de edad no asistía a la escuela, frente a trece por ciento de las personas no indígenas.

Proyecto Conecta Nayarit en la Escuela Primaria Indígena “Chuisetyana” y el Preescolar Indígena “Tuakamuta” en Jesús María, municipio del Nayar
Fotografía: Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN)

Respecto a la población afromexicana, en 2020 el INEGI registró un promedio de escolaridad de 9.8 años, es decir, sólo terminó el nivel de educación secundaria. De esta población, 31.3 por ciento de las personas de quince años y más contaba con al menos un grado de nivel superior; 26.2 por ciento con uno de nivel medio superior y 24.3 por ciento con uno de secundaria. Al comparar estas cifras con las de la población indígena se observa que esta última presenta mayores rezagos. No obstante, ambas poblaciones tienen acceso limitado a la educación en comparación con la población en general. Esta misma tendencia se replica en América Latina, Reygadas (2007) destaca las carencias en los recursos de desarrollo social que afectan a los pueblos originarios y afromexicanos de la región señalando que “se encuentran en situación desventajosa […] en diversos indicadores económicos, educativos y sociales”, lo que evidencia el papel de los factores étnico-culturales en la producción y reproducción de las desigualdades. Esta situación constituye una expresión de discriminación étnica (Jusidman, 2009; Abramo, 2019) y puede considerarse también discriminación racial en términos de Campos (2012): “se […] discrimina y se limita su acceso a bienes, afectando con ello sus condiciones sociales, contrariamente a lo que sucede con otros grupos de personas”. La distribución inequitativa de recursos, sustentada en sistemas y estructuras sociales y de poder, impacta de manera particular en la calidad de vida de personas con rasgos étnico-culturales, genera pobreza y obstaculiza la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática (Abramo, 2019).

Taller: Del ombligo a la tierra
Fotografía: David Sánchez, Secretaría de Cultura

ECONOMÍA: TRABAJO E INGRESO
En el ámbito económico las desigualdades se manifiestan en las limitadas posibilidades para acceder a la distribución del ingreso, a oportunidades y a la participación activa en la vida económica. Estos desequilibrios afectan especialmente a los pueblos originarios y a las comunidades afromexicanas, como lo evidencian los datos sobre su participación económica y los bajos salarios que perciben en comparación con el resto de la sociedad mexicana.

La participación económica de la población indígena fue de 64.6 por ciento, superior al 61.8 por ciento de la no indígena. En el caso de la población afromexicana, esta variable alcanzó 53.3 por ciento en mujeres y 78.4 por ciento en hombres. Aunque estas cifras son ligeramente superiores a la media nacional, las condiciones de vida de ambas poblaciones siguen siendo precarias. Eso se debe, en parte, a que los sectores de la economía en los que se insertan, como servicios, trabajo agrícola e industria de la construcción, sólo son accesibles dado el rezago educativo que padecen. En consecuencia, participan en actividades de baja calificación que implican mayor esfuerzo físico y menores remuneraciones. Las disparidades en el ingreso están asociadas con el mercado laboral, pero, a su vez, con las trayectorias educativas que determinan las oportunidades laborales (Jusidman, 2009), profundizando así las asimetrías entre estas poblaciones y el resto del país. Por lo anterior, nuevamente se observan los factores étnico-culturales en la producción y reproducción de asimetrías.

A pesar de ello, ambas poblaciones aportan con su fuerza de trabajo, incluso en el desarrollo de proyectos económicos, aunque se encuentran al margen de sus beneficios. Esto se observa en el mercado agroindustrial, tanto en México como en Estados Unidos, donde laboran intensamente a cambio de salarios bajos. 

Esta exclusión repercute en sus condiciones de vida, en las oportunidades educativas para sus hijos, en el acceso a una atención médica, entre otros factores (Abramo, 2019).

Taller: Del ombligo a la tierra
Fotografía: David Sánchez, Secretaría de Cultura

La aportación de la fuerza de trabajo de personas indígenas y afromexicanas puede analizarse desde el papel que desempeñan en las actividades de cuidado familiar, de enfermos y de adultos mayores, labores que suelen recaer en estas poblaciones. Sin embargo, dichas tareas se realizan en condiciones de desventaja y, como propone Rosa Campoalegre Septién: “se requiere reconocer, redistribuir y reducir los cuidados, así como desracializar estas labores” (Gómez Mena, 2025). Desde la perspectiva de Jusidman (2009) las mujeres que se ocupan en estas actividades económicas se ven afectadas por no recibir un pago justo y no contar con prestaciones sociales: “este no es valorado económicamente […] se encuentra desprotegido por el Estado y sujeto a bajas retribuciones […] y se ubica en la parte más baja de la escala ocupacional”. Estos factores contribuyen a la producción de asimetrías en la calidad de vida de ambas poblaciones.

SE TRATA DE UNA POBLACIÓN EXPLOTADA Y EXCLUIDA “DE LAS REDES EN QUE SE […] DISTRIBUYE LA RIQUEZA”, AUN CUANDO PARTICIPA EN SU GENERACIÓN

RESIDENCIA, SALUD, GÉNERO
El lugar de residencia representa otra dimensión de la desigualdad. Según Jusidman (2009), los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas habitan en localidades rurales, dispersas y de menor tamaño, caracterizadas por la ausencia de infraestructura básica y servicios de salud y educación. Estas zonas presentan los mayores rezagos económicos y sociales del país, en contraste con aquellas donde reside la población no indígena. En estos lugares no se han construido las condiciones estructurales necesarias mediante políticas sociales para garantizar una mejor calidad de vida. Estas limitaciones se convierten en obstáculos críticos ante la necesidad de dar respuesta a problemas de salud como, por ejemplo, la atención a una mujer embarazada.

Estudios como el Freyermuth Enciso (2010) y el de Paloma Sesia (2011) ponen énfasis en la inequidad y la desigualdad social como factores que explican los índices de mortalidad materna indígena en Chiapas. Jusidman (2009) también subraya las elevadas tasas de mortalidad materna asociadas con la falta de infraestructura sanitaria y con la carencia de recursos económicos para trasladar a una persona a un hospital. 

Personas y comunidades afromexicanas
Fotografía: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Sin embargo, hablar de desigualdades sociales en relación con pueblos indígenas y comunidades afromexicanas o negras implica considerar también las inequidades de género (Dietz, 2017; Reygadas, 2007), que van más allá de los aspectos de orden económico y social, en donde las disparidades se manifiestan entre hombres y mujeres que pertenecen a ambas poblaciones, en comparación con los del resto de la sociedad, y sucede lo mismo para las personas de la diversidad sexogenérica. En este sentido, las desigualdades con base en el género también tienen un componente étnico-cultural, vinculado con la discriminación estructural. Jusidman (2009) señala que las mujeres experimentan mayores asimetrías en relación con los hombres, expresadas en formas de subordinación, explotación y exclusión; además, las mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan mayores disparidades en comparación con las mujeres del resto de la sociedad nacional, lo que refuerza el componente étnico-cultural de las inequidades de género.

ESTO EVIDENCIA CÓMO UNAS ASIMETRÍAS REPRODUCEN OTRAS DE MANERA ENCADENADA Y CON ELLO SE VULNERAN MÁS LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN

OTRAS VARIABLES
A estas múltiples dimensiones de la desigualdad se suman otras. Diversos informes de organismos intergubernamentales han documentado situaciones de violencia (como intimidación, agresiones e incluso asesinatos) contra personas defensoras indígenas de los derechos humanos. También se reportan carencia de tierras, problemas de desnutrición y desplazamientos internos provocados por el despojo territorial, población reclusa sin recursos para su defensa, desempleo y problemas de salud que afectan su esperanza de vida, la cual es hasta veinte años más corta que la de la población no indígena, según datos del Banco Mundial. A lo anterior hay que agregar el impacto del cambio climático en los territorios de pueblos originarios y comunidades afromexicanas, y la brecha digital por la falta de acceso a la tecnología, entre otras condiciones que reflejan profundas y persistentes desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales que los ponen en desventaja.

Todo lo anterior confirma el carácter multifactorial de este fenómeno, pero también visibiliza a las poblaciones más desfavorecidas: los pueblos originarios y las comunidades afromexicanas, cuyas culturas difieren de la dominante en el país. Esto coloca en el centro del análisis a la desigualdad social en términos etnoculturales, donde las relaciones de poder político y socioeconómico se estructuran de forma asimétrica; en términos de Dietz (2017): “reflejan las maneras históricamente arraigadas de visibilizar o invisibilizar la diversidad cultural, así como la manera de estigmatizar la otredad y de discriminar a ciertos grupos en particular”.

Personas y comunidades afromexicanas
Fotografía: Secretaría de Cultura, 2019

Desde esta perspectiva hay relaciones de poder que han definido quién tiene acceso a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, en función de quién pertenece a la “mayoría” y quién es considerado una “minoría”, o como enfatiza Dietz (2017): “quién pertenece a una mayoría y quién es estigmatizado como minoría”. Esta afirmación refleja las dificultades que persisten en la actualidad para construir relaciones interculturales que representen condiciones más equitativas y democráticas, capaces de erradicar las desigualdades sociales en sus múltiples dimensiones, expresiones, causas y consecuencias —como la discriminación, el racismo y la exclusión de personas y culturas—, que tienen una clara base étnico-cultural. En este sentido, se requiere revertir los procesos en términos de Reygadas (2007) quien propone conciliar equidad y diversidad, así como fomentar el respeto a la diferencia cultural.

RESISTENCIAS
En estos contextos emergen las resiliencias y resistencias de las personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades afromexicanas, quienes han buscado transformar las relaciones asimétricas en vínculos más equitativos. Dietz (2017) destaca que esto se manifiesta mediante otras formas de participación, respaldadas en propuestas de transformación social y orientadas a la erradicación de las desigualdades a partir de la incidencia en los factores que las sustentan: las estructuras de poder y de distribución del ingreso, del empleo y de otros recursos.

Finalmente, es necesario considerar que erradicar las múltiples dimensiones de las desigualdades sociales en un país pluricultural como México implica considerar también que el acceso al empleo y a recursos de desarrollo social —educativos, de salud, vivienda, y de otro tipo— debe ser con pertinencia cultural y lingüística. Asimismo, es indispensable la producción sistemática de información georreferenciada sobre ambas poblaciones, que no sólo las visibilice cuantitativa y geográficamente, sino que también contribuya a la definición de una política social con enfoque cultural y territorial, acorde con las necesidades de la realidad pluricultural del país. En tal sentido, se requiere implementar acciones que contribuyan, de manera profunda, a alejar de la pobreza y la marginación a los pueblos originarios y a las poblaciones afromexicanas, acercándolos al ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, conforme a los marcos normativos nacionales e internacionales que los respaldan; entre ellos destaca el reciente cambio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En este proceso las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM (antes Programa México Nación Multicultural) ha desarrollado a lo largo de veinte años proyectos de educación, docencia, investigación, extensión y difusión para un mundo culturalmente diverso; en ellos se busca visibilizar, respetar y reconocer la impronta de la matriz cultural de los pueblos originarios y afromexicanos, y de otras colectividades que conforman el sustrato pluricultural del país. Además, el PUIC cuenta con un sistema de becas dirigido a estudiantes de ambas poblaciones, enfocado a brindar un apoyo económico que garantice la culminación de sus estudios profesionales, parte de las acciones para el cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentra el impulsar y orientar la investigación, la enseñanza, la reflexión y las propuestas de aplicación relacionadas con la diversidad cultural, la construcción de la equidad y la igualdad en las relaciones interculturales, como ejes fundamentales para la transformación social.

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