Encuadre
Número 11
10 de diciembre de 2025
Sociedades poscapitalistas frente a la desigualdad social. Dos casos de resistencia
Por: Erika Carcaño Valencia y David Barkin
INTRODUCCIÓN
A lo largo de toda su historia el capitalismo ha producido desigualdades. Para Piketty (2014), el funcionamiento del sistema capitalista genera una tendencia a la concentración de la riqueza y de los ingresos; basta señalar que sólo el uno por ciento de la población mundial concentra mayor riqueza que el noventa y cinco por ciento restante. Según el informe de
Oxfam Multilateralism in an era of global oligarchy (2024):
los esfuerzos multilaterales no están respondiendo adecuadamente a los desafíos globales críticos, como la crisis climática, la pobreza y desigualdad persistentes. Si bien algunos han atribuido el estancamiento únicamente a las crecientes tensiones geopolíticas entre países poderosos, este enfoque es incompleto. Más bien, una razón clave del fracaso de la cooperación internacional es la extrema desigualdad económica
Tosepan unidas y unidos con la naturaleza
Fotografía: Cooperativa Tosepan
La desigualdad social en México es un fenómeno que se ha profundizado sobre todo a partir de la entrada del modelo neoliberal. Los espacios rurales han sido los que han sufrido con mayor crudeza estos efectos; según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza afectó al 55.3 por ciento de la población rural, abarcando diecisiete millones de personas (Coneval, 2024). Se agudiza por la crisis en materia de derechos humanos y de desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas a causa de la violencia y de la presión ejercida por proyectos gubernamentales y de las grandes corporaciones que se apropian de los bienes comunes: agua y bosques, entre otros. Esta clara manifestación de desigualdad y conflicto da cuenta de procesos de acumulación por “desposesión”, es decir, una renovación de la acumulación originaria de capital en nuestros tiempos, considerando este proceso como una separación transhistórica de los medios de producción (Harvey, 2007; Zarembka, 2012).
La acumulación de capital siempre ha llevado implícita la desigualdad, la violencia y el despojo, tal como lo advertía Rosa Luxemburg:
[…] la acumulación del capital, con su capacidad de expansión súbita, no puede aguardar el crecimiento natural de la población obrera ni conformarse con él, […] el capital no tiene, para la cuestión, más solución que la violencia, que constituye un método constante de acumulación de capital en el proceso histórico, no sólo en su génesis, sino en todo tiempo, hasta el día de hoy. (Luxemburg, 1967)
Es así que, la acumulación por desposesión se oculta bajo el discurso del crecimiento económico, socavando los vínculos comunitarios y destruyendo sus ecosistemas:
[…] instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas y violentando procesos de decisión ciudadana” (Svampa, 2013, 34).
Ante este escenario, diversas comunidades indígenas y campesinas han puesto de manifiesto su rechazo en contra de proyectos desarrollistas que ellos mismos llaman “proyectos de muerte”. A su vez han generado estrategias que les han permitido reducir la desigualdad en sus comunidades, dando como resultado un “buen vivir”.
LA FIGURA DEL SUJETO COMUNITARIO EN LAS SOCIEDADES POSCAPITALISTAS
La lógica de acumulación de capital ha derivado en diversas crisis socioecológicas que han amenazado y, en muchas ocasiones, modificado la forma en la cual las comunidades indígenas y campesinas organizan sus intercambios de materiales y energía con el medio ambiente, es decir, las configuraciones sociometabólicas para su reproducción material y simbólica (Barkin & Fuente, 2021), así como para la autonomía de sus proyectos de vida comunitarios. La conciencia colectiva y la postura política de las comunidades ante las amenazas al proyecto de vida comunitario, están respondiendo con el fortalecimiento de sus capacidades productivas y la defensa de sus territorios, emprendiendo estrategias para asegurar mejoras en la calidad de vida a través de una gestión colectiva implementada por lo que hemos denominado el sujeto comunitario (Barkin, 2022; Barkin & Sánchez, 2020).
Cooperativa Regional Tosepan Titataniske, Sierra Norte de Puebla
Fotografía: La Coperacha
La construcción de alternativas que lleva a cabo el sujeto comunitario está directamente relacionada con su cosmovisión, la cual comparte principios de filosofías como las comprendidas en la palabra de origen bantú, del sur de África, ubuntu, un concepto entendido como “yo soy porque tú eres”), así como las del buen vivir de la región andina de Latinoamérica (Huanacuni Mamani, 2010) y la comunalidad en Oaxaca (Martínez Luna, 2010). Estas visiones comparten la idea de que existe un vínculo muy estrecho entre el ser humano y la naturaleza, del cual no puede desprenderse y que, por consiguiente, está presente en sus decisiones de producción, gestión y conservación de los ecosistemas, así como de defensa del territorio. Además, comprenden el entendimiento de que la vida colectiva implica que nadie quedaría fuera del bien común y todos aceptan el compromiso de participar en el proyecto.
El sujeto comunitario transforma su realidad a partir de elementos materiales de la reproducción social y desde subjetividades que le permiten repensar y resignificar experiencias de injusticia socioambiental, las cuales abren un panorama totalmente nuevo a la problemática de lo colectivo, lo que los lleva a procesos emancipatorios donde relacionan estrategias comunitarias y formas de autogestión (Barkin & Sánchez, 2020). Las mujeres, como parte del sujeto comunitario, son fundamentales en la construcción de estos procesos que
tienen como objetivo central la reproducción y el sostenimiento de la vida. Ejemplo de ello es la manera en la cual las mujeres participan de manera continua en la formación de excedentes comunitarios, propiciando relaciones sociometabólicas útiles para elevar la calidad de vida, así como la conservación de la naturaleza y el territorio. (Carcaño y otras, 2020)
Estas alternativas difieren de los proyectos de “desarrollo” convencionales que han devastado y expoliado los espacios rurales. El objetivo de estas sociedades poscapitalistas es poner en marcha acciones dirigidas al bienestar comunitario por medio de la gobernanza colectiva de los bienes comunes, el control de sus fuerzas productivas y la creación y fortalecimiento de redes y alianzas con otras comunidades y organizaciones. Estas acciones conllevan a cerrar las brechas de la desigualdad con justicia social y ambiental. Existe una larga historia de comunidades que se organizaron colectivamente para asegurar una dinámica de igualdad a su interior, una historia que fue truncada con la Conquista y sus secuelas. Más recientemente están retomando esta dinámica y logrando importantes avances en su productividad y en sus procesos de protección de sus territorios, a la vez que aseguran una buena calidad de vida para sus integrantes (Grandia, 2025).
RESPUESTAS DE LAS SOCIEDADES POSCAPITALISTAS
Existen grupos sociales empeñados en construir alternativas comunitarias. En ellas se generan mecanismos para reducir las diferencias económicas y sociales, garantizando la inclusión de todos sus miembros en la vida colectiva. Estos grupos llevan a cabo diversas estrategias productivas, organizativas y políticas que sirven para la defensa del territorio, la generación de excedentes que contribuyen a su bienestar, la conservación de sus ecosistemas, y el fortalecimiento de su capacidad de gobernanza. Estas estrategias los han llevado, a su vez, a conformar alianzas con organizaciones y otras comunidades a nivel nacional e internacional, lo que les permite intercambiar saberes, experiencias y acompañamiento.
Ejemplo de ello son las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, México, conformadas principalmente por pueblos originarios nahuas y totonacos. Estos territorios tienen una gran riqueza biológica y cultural. Históricamente se han enfrentado a la implementación de políticas de desarrollo que no les han favorecido, por ejemplo, la “Revolución Verde” de la década de 1970, y más recientemente el impulso a proyectos extractivistas como minería e hidroeléctricas (Linsalata, 2017).
Arte decorando la operadora virtual móvil social comunitaria: Wiki Katat
Fotografía: APC
Frente a ello, estas comunidades han conformado, desde hace casi medio siglo, organizaciones colectivas que les han permitido generar condiciones de producción y reproducción social con lo que han alcanzado una mejor calidad de vida. Una de estas organizaciones es la Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske, que cuenta con cuarenta mil socios de treinta y dos comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla. Entre sus actividades se encuentran servicios de hospedaje y turísticos, desarrollo de sistemas de cultivo libres de contaminantes —café, pimienta miel, bambú—, cooperativa de ahorro y préstamo, capacitación continua en técnicas productivas, conciencia sociopolítica, ambiental y de género, proyectos educativos para niños y jóvenes, y proyectos de fortalecimiento y enseñanza de lengua materna (Armenta y Carcaño, 2021). Asimismo, en años recientes el grupo de Radio Tosepan Limakxtum, de la cooperativa Tosepan Titataniske, ha promovido un convenio de integración para instalar su propia telefonía e internet en las comunidades de la sierra, convirtiéndose en el primer operador móvil con enfoque social en el país, donde los beneficios no se concentran en una sola persona, sino que se destinan a las necesidades detectadas por la comunidad. Es un modelo basado en valores y prácticas comunitarias indígenas (De la Torre, 2025).
Esta organización forma parte de una red de colectivos que están en contra de los proyectos extractivos. Parte de su movilización consiste en encuentros con pueblos en resistencia, con lo que la población está informada y conoce la experiencia de otros pueblos afectados por la minería. En el caso del municipio de Cuetzalan, el ordenamiento territorial —diseñado de manera colectiva e informada por miembros de la comunidad, tomando en cuenta su cosmovisión— ha sido fundamental como herramienta jurídica.
Esta lucha por la defensa del territorio ha sido de larga duración. Después de once años de litigio, con base en el ordenamiento territorial regional, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito declaró que las concesiones mineras otorgadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan del Progreso y Yahonáhuac, quedan canceladas de manera definitiva porque carecen de sustento legal. Esto representa un gran triunfo para las comunidades y organizaciones que participaron activamente en esta defensa, lo que muestra su capacidad organizativa, de lucha y unión frente eventos que ponen en riesgo la vida y la continuidad de sus comunidades. Se refuerza con ello la iniciativa histórica de la región para tomar control de su territorio y se asientan las bases para los esfuerzos colectivos para asegurar una vida digna entre uno de los colectivos indígenas más grandes de México. Es testimonio de la posibilidad de construir sociedades igualitarias al margen de la dinámica polarizante del estado-nación de que son parte.
La Tosepan ha establecido diversas cooperativas encaminadas a brindar una vida digna para la población local
Fotografía: CCMS
Otro ejemplo de esta transformación es el de la comunidad de Cherán, Michoacán, que ha respondido en contra de la política extractivista “reivindicando las prácticas de ‘hacer milpa’, reforestar y resinar bosque” (Velázquez, 2019). El 15 de abril de 2011 la población de Cherán se levantó por la defensa de los bosques. La movilización fue iniciada por un grupo de treinta mujeres que se enfrentaron a los talamontes que saqueaban la madera de su bosque comunitario. Más de diez mil hectáreas de bosque fueron afectadas por la tala ilegal durante años, con anuencia de las autoridades municipales. La iniciativa de lucha representó una ruptura con un orden de género y a su vez generó un efecto de fuerza y cohesión con los demás miembros de la comunidad: “la organización de la acción colectiva fue clave para el autositio de abril de 2011. Se desplegaron repertorios de confrontación como la fogata, el rondín, las barricadas y la alerta de movilización” (Velázquez, 2019). Poner fin al extractivismo del bosque implicó poner en marcha una gestión basada en la lógica comunal:
la conformación de una territorialidad alternativa en Cherán fue la revitalización de un territorio simbólico y sus lugares sagrados […] respecto a la reforestación de los bosques, se construyó el vivero comunal que antes del movimiento no existía y para 2015 había generado 1 millón 500 mil pinos que hipotéticamente reforestarían el territorio de Cherán y de comunidades vecinas. (Velázquez, 2019)
La autodefensa que en Cherán se llevó a cabo permitió la consolidación de su autonomía, la puesta en marcha de un modelo de gestión comunitaria de sus bienes comunes, la generación de fuentes de empleo donde se incluyó a las mujeres, y una mayor participación por parte de ellas en las asambleas comunitarias. Las acciones que han llevado a cabo ponen de manifiesto que la organización comunitaria ha conseguido cerrar brechas de desigualdad a las que históricamente han estado sometidos.
Cherán y su sistema de autogobierno siguen enfrentando el ataque de grupos que pretenden apropiarse de sus bienes comunes y desestabilizar sus lazos comunitarios. El 2 de julio de 2025, la comunidad fue víctima de un ataque armado por parte del crimen organizado, sin que por el momento cuenten con el respaldo de las fuerzas de seguridad del estado. Nuevamente la comunidad se ha organizado para emprender la defensa del territorio y por consiguiente de la vida. Al momento de redactar estas líneas, otras veintinueve comunidades de la Meseta P’urhépecha en Michoacán se han sumado a esta dinámica, logrando incorporarse en los avances del presupuesto participativo iniciado por el gobierno federal.
Como la experiencia de Tosepan, estas comunidades están demostrando cómo la solidaridad colectiva, firmemente anclada en la recuperación de su cosmovisión y tradiciones milenarias y el rescate de su idioma, están superando las dinámicas impuestas por siglos de colonización y discriminación. Están deliberadamente enfrentando las desigualdades heredadas para asegurar la plena participación de todas las personas en los procesos de gobernanza y su integración social y económica. Es particularmente notable en esta zona, de una larga historia de migración internacional, que las comunidades en Estados Unidos están mostrando solidaridad, participando con apoyos económicos para consolidar este nuevo proyecto.
Autonomía en Cherán, Michoacán
Fotografía: Radio Zapatista
CONCLUSIONES
Existen ejemplos concretos de sociedades poscapitalistas que están logrando disminuir las desigualdades a su interior. Muchas de las acciones que han llevado a cabo se han desarrollado al margen de las políticas del estado, poniendo de manifiesto su capacidad de autogestión y mostrando una relación sociedad-naturaleza basada en sus cosmovisiones, donde el objetivo central es el cuidado de la vida. Estos procesos autogestivos y autónomos se encuentran en constante tensión con los mecanismos implícitos en la dinámica de la acumulación de capital, donde los despojos y las violencias son evidentes. Sin embargo, estos grupos sociales nos muestran que no sólo hacen frente a políticas neoliberales de exclusión, desigualdad y pauperización, sino que generan alternativas que se nutren de los lazos comunitarios para la construcción de proyectos de porvenir, donde, al mismo tiempo, dan cuenta de que otros mundos son posibles y dejan grandes enseñanzas sobre la manera en la que construyen su bienestar comunitario manteniendo, defendiendo y cuidando sus territorios.
Erika Carcaño es doctora en ciencias económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora-investigadora del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, campus León. Es economista ecológica y sus líneas de investigación son ecofeminismo, sustentabilidad y agenciamiento comunitario. Es integrante de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y del Latin American Research Network on Ageing de la Universidad de Oxford.
David Barkin es doctor en filosofía por Yale University. Es Profesor Distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, e investigador emérito en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Actualmente colabora con comunidades indígenas y campesinas para impulsar el manejo sustentable de recursos regionales. Es reconocido por su teoría de la Economía Ecológica Radical; por la que recibió el Premio Kenneth Boulding de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica en 2023. Sus últimos libros son De la protesta a la propuesta: 50 años imaginando y construyendo el futuro (México: Siglo XXI Editores, 2018) y América Latina y el Caribe: Una de las últimas fronteras para la vida (Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2024, en colaboración con dieciséis colegas latinoamericanos).
Referencias
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