Agua, bienestar y sustentabilidad en México.

Entre la necesidad impostergable y las inercias institucionales

El agua no es el único componente del bienestar ni de la sustentabilidad, pero no hay duda alguna de que sin agua no hay bienestar ni sustentabilidad posibles. El bienestar de quienes conformamos la sociedad actual importa mucho; tanto como el de quienes se irán incorporando con el transcurrir del tiempo y junto con ellos vendrá la articulación de decisiones, omisiones y acontecimientos institucionales ya en marcha. Por ello interesa considerar cuáles son las fuentes del bienestar presente y futuro, sus brechas y cambios regionales y nacionales, así como qué oportunidades debemos aprovechar para mantenerlo o aumentarlo, y cuáles inercias y acciones desfavorables debemos evitar para no perderlo de manera irremediable. Perder el bienestar social, erosionar sus fuentes y ampliar las brechas de desigualdad y exclusión representan indeseables y muy costosas situaciones que acarrean múltiples y adversas consecuencias adicionales. Coberturas precarias en salud, educación, alimentación, vivienda, empleo formal, ingresos reales, seguridad pública o agua, entre otros insustituibles componentes, hacen imposible afirmar que hoy tenemos bienestar social generalizado o que tendemos incontrovertiblemente hacia la sustentabilidad ambiental del desarrollo económico y social.

Este texto aborda sólo algunas fuentes del bienestar que directamente provienen de tener acceso al agua en cantidad suficiente, con calidad adecuada, en condiciones aceptables y asequibles, así como las que derivan de contar con sistemas hidrológicos en buen estado, caudales hídricos disponibles y una infraestructura hidráulica que opere de manera regular y eficiente el suministro de agua para diferentes usos y usuarios. En conjunto, el acceso y aprovechamiento de los caudales permite satisfacer necesidades básicas como las de nuestra hidratación, higiene, metabolismo, salud, gestión sanitaria, preparación de alimentos, producción agropecuaria, agroindustrial y de manufacturas, generación de energía, oferta de servicios y conservación de acervos ecológicos y flujos hidrológicos en cuencas, acuíferos, regiones, municipios y ciudades. Por ello, tener acceso a los volúmenes de agua necesarios diariamente y contar con los sistemas naturales conservados y la infraestructura hidráulica funcionando es imprescindible para nuestro bienestar social duradero y la pretendida sustentabilidad ambiental del país.

TENER ACCESO A LOS VOLÚMENES DE AGUA NECESARIOS DIARIAMENTE Y CONTAR CON LOS SISTEMAS NATURALES CONSERVADOS Y LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA FUNCIONANDO ES IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO BIENESTAR SOCIAL DURADERO

Nuestra dinámica demográfica, su desigual distribución territorial, la ocupación de regiones hidrológicas y la expansión de ciudades y zonas metropolitanas, junto con la localización y el impulso de procesos económicos y políticas de fomento productivo y desarrollo urbano y regional, tienen una hondura histórica profunda y un arraigo institucional en la realidad nacional actual que, estructuralmente, ha conformado poderosas inercias y problemas graves que hoy son, o debieran serlo, de atención inaplazable y solución urgente.

El binomio agua-bienestar tiene que ver con esas inercias y problemas relacionados con la gestión institucional de los usos sociales, económicos y ecológicos del agua en México, mediante los títulos de concesión, las asignaciones y los permisos de descarga autorizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) mediante el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) [ver recuadro]. Ha habido desde el principio un énfasis en el uso agrícola del agua, mediante el despliegue de los distritos y las unidades de riego, al tiempo que el abastecimiento diario de agua potable y saneamiento básico en viviendas y municipios exhibió rezagos en su atención. El suministro de agua para actividades industriales y generadoras de energía eléctrica, creció durante décadas mediante el represamiento de los caudales requeridos, al calor de la modernización económica y del vertiginoso proceso de industrialización de la segunda posguerra, hasta la reconfiguración de la economía nacional ante las influencias globales, con menor dinamismo endógeno durante los treinta años más recientes.


El binomio agua-sustentabilidad en México proviene de una historia más reciente, aquélla vinculada con las convicciones internas y los acontecimientos externos expresados en la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988) y la consecuente sustitución de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH, que databa de 1976) por la CONAGUA (a partir de 1989), reubicada institucionalmente como el principal órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP en 1994; hoy SEMARNAT). Desde entonces a la fecha, ha habido una tensión institucional en el diseño y la implementación de la política pública en materia de agua. Los usos agrícolas, industriales y energéticos del agua siempre fueron considerados prioritarios, mientras que el abastecimiento público y el servicio diario de agua potable y saneamiento básico en viviendas y municipios han ido cobrando relevancia paulatinamente, por preocupaciones sanitarias desde hace medio siglo y por reforma constitucional a partir de febrero de 2012. Finalmente, la conservación ecológica de las cuencas, las regiones hidrológicas, los acuíferos y los caudales son énfasis de políticas públicas más recientes, cuya atención debiera ser prioritaria aunque, lamentablemente, siguen exhibiendo una menor jerarquía institucional.

AGUA Y BIENESTAR
Las inercias institucionales y públicas importan porque influyen diariamente en nuestra realidad y se proyectan como futuro probable de una manera significativa. La clasificación formal de los usos consuntivos y no consuntivos del agua y la forma en que está organizada se muestran en la tabla 1.

 Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Estadistico/#/repda

Los usos económicos del agua representan el ochenta y cinco por ciento del total de los usos consuntivos y solamente el quince por ciento se destina al cumplimiento del artículo 4º constitucional, mediante la satisfacción de la demanda de consumo que, con brechas muy considerables, realiza la población merced al abastecimiento público de agua en viviendas y municipios. Por su parte, prácticamente la totalidad de los volúmenes concesionados a los usos no consuntivos los concentra la generación de hidroelectricidad. La conservación de los caudales ecológicos no corre por estos cauces, pero sí debiera hacerlo mediante políticas y acciones de conservación y manejo integral de cuencas, caudales, suelos, bosques, selvas, humedales y otras coberturas vegetales que hacen circular el “agua verde”, complemento ecohidrológico imprescindible de los flujos del “agua azul” (GCEW, 2024). A escala nacional, los dos usos consuntivos de agua que durante lo que va del siglo XXI exhiben las tasas de crecimiento más dinámicas son el industrial integrado (tres por ciento) y el abastecimiento público (1.4 por ciento). El uso agropecuario y relacionados registra una tasa de cambio de 0.8 por ciento, apenas inferior a la del promedio nacional que es del 0.9 por ciento, y se mantiene como el mayor usuario de agua del país desde hace décadas. Por su parte, el uso de agua para la generación de termoelectricidad durante el mismo periodo, muestra un cambio negativo (-0.43 por ciento) (Vega López, 2023).

MÉXICO DISPONE DE UN VOLUMEN DE AGUA RENOVABLE DE ALREDEDOR DE CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL HECTÓMETROS CÚBICOS AL AÑO, DISTRIBUIDO DE MANERA MUY HETEROGÉNEA EN EL TERRITORIO CONTINENTAL

Con pronunciadas oscilaciones estacionales y anuales relacionadas con características ecohidrológicas y geoclimáticas conocidas, México dispone de un volumen de agua renovable de alrededor de cuatrocientos sesenta y un mil hectómetros cúbicos al año, distribuido de manera muy heterogénea en el territorio continental. Esta realidad se expresa como rasgo estructural al correlacionarse con la magnitud y la dinámica demográfica del país, las actividades y los procesos económicos localizados en diferentes regiones, entidades federativas y ciudades, así como con la gestión institucional del agua durante décadas: en el sur y sureste se concentran los mayores caudales de agua, con una menor población allí asentada y también menores aportaciones al producto interno bruto nacional; mientras que en el centro, occidente, norte y noroeste se expresa precisamente la relación inversa. El mapa 1 ilustra este rasgo estructural.

 Elaboración propia con información de CONAGUA

Las cuatro regiones hidrológico-administrativas (RHA) del sur-sureste concentran el sesenta y ocho por ciento del volumen disponible de agua renovable; sólo el veintitrés por ciento de la población nacional vive en ellas y su aportación al producto interno bruto (PIB) del país es de dieciséis por ciento. Las nueve RHA del centro-occidente-norte-noreste disponen sólo del treinta y dos por ciento del volumen de agua renovable; concentran el setenta y siete por ciento de la población nacional, y contribuyen con el ochenta y cuatro por ciento del PIB. Estos rasgos estructurales tienen raíces históricas en la gestión institucional del agua, cuyas inercias sectoriales y regionales se han ido moldeando en diferentes momentos, especialmente en la historia reciente. Lo impresionante de esta realidad actual es que cuatro regiones hidrológico-administrativas explican dos terceras partes de la economía nacional y el sesenta por ciento de su demografía: la RHA XIII (Aguas del Valle de México; 24.2 y 19.8 por ciento, respectivamente); la RHA VIII (Lerma Santiago Pacífico, veinte y 20.2 por ciento); la RHA VI (Río Bravo, 15.3 y 10.3 por ciento), y la RHA IV (Balsas, 6.5 y 9.7 por ciento, respectivamente).

La relación existente entre los volúmenes de agua concesionada a diferentes usos consuntivos (AC) y los correspondientes a los caudales disponibles de agua renovable al año (AR), resulta en un cociente conocido como presión hídrica (AC/AR). De las trece regiones hidrológico-administrativas del país, sólo tres registran situaciones sin estrés hídrico (RHA V, RHA X y RHA XI); dos exhiben grados medios de presión hídrica, pero incrementándose con preocupante aceleración (RHA IX y RHA XII); siete evidencian grados de presión hídrica altos (entre cuarenta y uno y noventa por ciento en RHA I, RHA II, RHA III, RHA IV, RHA VI, RHA VII y RHA VIII) y, finalmente, la RHA XIII, con una presión hídrica muy alta (ciento veintinueve por ciento). Estos rasgos estructurales contextualizan las brechas agravadas en nuestro país en relación con el acceso y uso diario de agua potable, así como con la cobertura de saneamiento básico, con excusado propio y drenaje conectado a la red pública en viviendas, municipios y ciudades.

Contar con agua potable y saneamiento básico a diario en las viviendas es uno de los igualadores sociales más eficaces. Se traduce en mayor higiene familiar y colectiva, así como en una mejor salud pública y una efectiva inclusión social. Hace doce años, en 2014, sólo el sesenta y siete por ciento de la población nacional disponía diariamente de agua potable en sus viviendas; es decir, cerca de cuarenta millones de personas carecían de agua potable en sus hogares. Ocho años después, en 2022, se encontraban en esa situación más de cincuenta millones de connacionales, pues la cobertura diaria de tal abastecimiento público cayó al sesenta y uno por ciento de los casi ciento veintinueve millones de habitantes del país, en ese entonces (SEMARNAT, 2025; INEGI, 2025a). Debido a este retroceso, siete de las trece RHA del país exhiben peores registros de cobertura diaria de agua potable en viviendas, en relación con el promedio nacional de sesenta y uno por ciento: RHA V, Pacífico Sur (23.5 por ciento); RHA IV, Balsas (27.9 por ciento); RHA XI, Frontera Sur (45.5 por ciento); RHA X, Golfo Centro (cuarenta y siete por ciento); RHA IX, Golfo Norte (53.3 por ciento); RHA VII, Cuencas Centrales del Norte (56.4 por ciento), y RHA XIII, Aguas del Valle de México (60.4 por ciento) (Vega López, 2026).

Por su parte, la cobertura de saneamiento básico, con excusado propio y drenaje conectado a la red pública, registró en México una proporción promedio del 72.8 por ciento en 2022, mientras que en 2014 había sido del 70.2 por ciento. Esta situación expresa que más de treinta y cinco millones de connacionales no cuentan con este servicio en sus viviendas y que tomó ocho años para mejorar apenas un 2.6 por ciento en este rubro. ¿Cuánto tiempo nos tomará cumplir estos compromisos hacia el 2030? Los casos estatales y regionales con mayores brechas en saneamiento básico, por debajo del promedio nacional, son: Campeche, Yucatán y Quintana Roo (RHA XII, Península de Yucatán, 24.5 por ciento); Oaxaca y Guerrero (RHA V, Pacífico Sur, 41.9 por ciento); Tabasco y Chiapas (RHA XI, Frontera Sur, 49.5 por ciento); Veracruz (58.2 por ciento); Morelos (62.1 por ciento); San Luis Potosí (63.7 por ciento); Nayarit (sesenta y cuatro por ciento), e Hidalgo (69.3 por ciento). Como puede suponerse, con estas evidencias medidas y algunas inercias en curso puede afirmarse que, de esta manera, no se promueve el bienestar social ni se transita hacia la sustentabilidad ambiental del país.

 Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Estadistico/#/repda

AGUA Y SUSTENTABILIDAD
La calidad de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos importa mucho para el bienestar social, pero también para la sustentabilidad ambiental en términos de resiliencia hídrica regional, mejor aprovechamiento de los caudales y su conservación ecohidrológica consustancial. La tabla 2 resume la situación que guardan las regiones hidrológico-administrativas del país en relación con sus grados de contaminación por presiones antrópicas. Con el muestreo sistemático en alrededor de cinco mil puntos del territorio nacional y las metodologías de análisis en laboratorios especializados, puede documentarse la calidad del agua mediante la consideración de parámetros distintos.

Las regiones que presentan las situaciones más adversas al aparecer con registros de calidad de agua “Contaminada y Fuertemente Contaminada” por encima del promedio nacional, en relación con tres o cuatro de los parámetros referidos, son la RHA IV, Balsas (en los cuatro), la RHA VIII, Lerma Santiago Pacífico (en los cuatro) y la RHA XIII Aguas del Valle de México (en tres parámetros).

 Sistema Nacional de Información del Agua, CONAGUA. https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/Estadistico/#/repda

Por su parte, los seiscientos cincuenta y tres acuíferos presentan también desafíos formidables, unos por sobreexplotación, otros por salinización y otros más por intrusión marina. A la presencia de trazas de mala calidad, la sobreexplotación de los acuíferos genera graves efectos de subsidencia (hundimiento por desecamiento de acuíferos), otro de los actuales retos de relacionados con la vulnerabilidad y la gestión de riesgos en las ciudades y sus zonas metropolitanas.

Finalmente, en relación con la sustentabilidad hidrológica (del ciclo del agua) e hídrica (del agua en tanto recurso), la mejor operación de la infraestructura hidráulica es la economía circular del agua. Tardará un poco más en convertirse en realidad en ascenso mientras no se incremente, de manera significativa, la proporción del volumen de aguas tratadas sobre el de las aguas residuales generadas y su posterior aprovechamiento para cubrir diferentes usos consuntivos y no consuntivos. La tabla 3 resume las cifras más actuales al respecto. Conviene cerrar diciendo que hay información valiosa para actualizar los diagnósticos ya existentes para distintas escalas territoriales, pero falta afianzar la voluntad política, fortalecer a las instituciones, incrementar los presupuestos públicos y hacer que las políticas públicas sean duraderas para perseguir la gestión hidrológica sustentable, el suministro regular de los requerimientos hídricos y una operación eficiente de la infraestructura hidráulica, consistente con el bienestar social neto y la sustentabilidad ambiental del país.

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