Aguas residuales municipales en México.

Reflexiones sobre un reto

CONTEXTO
México afronta una inseguridad hídrica de múltiples dimensiones que amenaza la consecución del desarrollo sostenible. Aunque se han conseguido grandes progresos en las últimas décadas, todavía existen desafíos estructurales que obstaculizan garantizar el acceso al agua potable en cantidad suficiente y a un precio justo, para que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo, salud, higiene y saneamiento; utilizar los ecosistemas de forma sostenible para que continúen ofreciendo sus servicios medioambientales; garantizar una provisión adecuada de agua para producir bienes y servicios, y robustecer la capacidad de la población para resistir los impactos asociados con fenómenos hidrometeorológicos extremos intensificados por el cambio climático.

Plantas de tratamiento de aguas residuales abandonadas.

 Juan Manuel Morgan-Sagastume

Los desafíos del sector hídrico se abordan con una infraestructura que, en general, ha superado su vida útil; con un financiamiento que muestra una disminución gradual de las tasas de inversión y con un modelo de gobernanza que no ha podido integrar los diversos valores del agua a la hora de establecer e implementar políticas justas, equitativas y sostenibles. 

México carece de la gestión planificada necesaria para propiciar el adecuado tratamiento de las aguas residuales, tanto a nivel municipal como en el sector industrial. Este problema ha existido por décadas: inician y terminan sexenios sin haber atendido adecuadamente el reto que persiste en la materia. 

Al cierre de 2024 se reportan 2899 plantas con una capacidad instalada de 194 913 litros por segundo y un caudal tratado de 143 769 litros por segundo, es decir, una cobertura de tratamiento del 68.1 por ciento (SEMARNAT-CONAGUA, 2025) respecto de la generación de agua residual municipal en el país que es de alrededor de 211 114 litros por segundo. 

La falta de saneamiento causa crisis sanitarias severas, como la propagación de enfermedades diarreicas (cólera, disentería), infecciones parasitarias y hepatitis A. Provoca, además, una contaminación grave de fuentes hídricas, la destrucción de ecosistemas, pobreza y, con frecuencia, costos elevados de remediación. Se exacerba el perverso ciclo pobreza-menos agua-mayor pobreza. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud de 2012 (OMS, 2024), cada dólar de Estados Unidos invertido en saneamiento produce un rendimiento de 5.5 dólares, traducido en menores costos de atención de salud, más productividad y menos muertes prematuras. 

CAUSAS
El problema tiene múltiples factores y debe ser tratado con esta premisa para encontrar una solución. Existen documentos que datan de hace décadas y explican las causas del problema (SMISAAC, 1987): infraestructura sobrediseñada y poco utilizada, gasto público de última hora, proyectos para el crecimiento poblacional sin drenaje, desvíos ilegales de agua residual para riego agrícola, inadecuada selección de tecnología para plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que no considera aspectos medioambientales y socioeconómicos regionales (particularmente para PTAR pequeñas a medianas, es decir, menores a doscientos litros por segundo); diseño inapropiado de plantas que, en muchas ocasiones, priorizan equipos de mala calidad para abaratar costos; ubicación errónea en lechos secos de ríos que se inundan durante la temporada lluviosa; paros motivados por presiones comunitarias debido a impactos negativos como ruido y olores, e inadecuada gestión social e información a la comunidad sobre proyectos de tratamiento de aguas residuales que hace que estos sean percibidos como dañinos, lo que ocasiona actitudes contrarias a su instauración.

Plantas de tratamiento de aguas residuales abandonadas. 

  Juan Manuel Morgan-Sagastume

A menudo se especifican equipos “delicados” como instrumentos (sensores de oxígeno disuelto, pH, medidores ultrasónicos), circuitos electrónicos en general, bombas dosificadoras, sistemas de radiación ultravioleta, así como sistemas con membranas que se dañan continuamente debido a la ausencia de mantenimiento y refacciones. Se ha encontrado un gran número de PTAR que no funcionan correctamente debido a sobrecargas provocadas por descargas industriales ilegales. La falta de capacitación, junto con una rotación excesiva del personal operador en las PTAR, da lugar a una operación empírica sin supervisión analítica. El vandalismo y el robo de las instalaciones ocurren con frecuencia. No se cuenta con los recursos económicos necesarios para la operación y el mantenimiento de las PTAR, particularmente en plantas que están muy mecanizadas y requieren una gran cantidad de energía eléctrica para su funcionamiento.

Aunado a lo anterior, en México es escasa la información técnica acerca del diseño y condiciones operativas de las PTAR, lo cual es especialmente desfavorable si se quiere realizar algún estudio o desarrollar ingeniería para la mejora o rehabilitación.

En general el Estado apenas distribuye recursos para la gestión de las cuencas del país. No existen estrategias integrales ni planificación que tengan en cuenta a todos los actores y partes interesadas para el saneamiento de las cuencas en su verdadera dimensión, con el objetivo de proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, es de resaltar un proyecto federal vigente, el Proyecto Estratégico de Agua del Valle de México, que muestra pasos firmes para empezar a resolver en parte este reto.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su inciso a) de la fracción III, determina que es responsabilidad directa y exclusiva de los municipios el servicio público del agua potable, así como también el de alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de las aguas residuales. La obligación de administrar la infraestructura y ofrecer estos servicios a la ciudadanía, con la posibilidad de coordinarse con el estado o la federación en caso necesario, es parte de esta competencia municipal; sin embargo, en la gran mayoría de los municipios del país se sufre la carencia de recursos económicos y técnicos para cumplir este mandato. Dicha carencia se debe fundamentalmente a la incapacidad de cobrar adecuadamente los servicios de agua que se proporcionan a la población, en buena medida como consecuencia de una idea inadecuada sobre el derecho humano al agua.

Plantas de tratamiento de aguas residuales abandonadas.

 Juan Manuel Morgan-Sagastume

El artículo 115 asigna la responsabilidad operativa, mientras que el artículo 4° constitucional (modificado en 2012) establece el derecho humano al agua. Este último exige que el abastecimiento sea suficiente, salubre, aceptable y asequible, lo que requiere que las municipalidades aseguren estos estándares, algo muy complicado sin los recursos económicos, el conocimiento técnico, la planificación y la gestión apropiados; se requiere voluntad política por parte del Estado para enfrentar este reto. El Estado conoce el problema; basta examinar el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (CONAGUA, 2017). La síntesis de esta situación es muy clara y evidente, en el mismo tenor se ha repetido el diagnóstico de la situación en los PNH subsecuentes, pero hasta el momento no se ha presentado un plan apropiado y completo para todo el país para tratar el problema y resolverlo en definitiva.

NECESIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS
Conforme a la información publicada en el inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación a diciembre de 2024, las principales causas por las que las plantas no operan se dieron en mantenimiento (34.5 por ciento), operación (28.6por ciento), procesos de rehabilitación o ampliación (24.1por ciento), obsolescencia de la infraestructura (11.4 por ciento) y daños por problemas hidrometeorológicos (1.4 por ciento). Con estos datos es posible asumir que las plantas con obsolescencia y con daños no operan; el resto (87.2por ciento) sí lo hace o tiene potencial de hacerlo con ajustes. Se reportan oficialmente 143,769 litros por segundo de agua residual tratada; quedan pendientes 67,345 litros porn segundo para alcanzar el cien por ciento (es decir, 211,114 litros por segundo de aguas residuales municipales generadas).

Es de considerar que la enorme mayoría de la infraestructura existente en materia de tratamiento de aguas residuales al momento, probablemente sigue contemplando el cumplimiento de la norma ya derogada NOM-001-SEMARNAT-1996, pues no ha habido tiempo ni recursos para convertir estas plantas de modo que puedan cumplir con la nueva norma NOM-001-SEMARNAT-2021, publicada el 11 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, la cual, como característica a resaltar, se centra en la eliminación de nutrientes para la descarga a cuerpos de agua. Hay varios retos que afrontar; cómo abordarlos se comenta en Morgan-Sagastume (2022).

Se estima que para rehabilitar una PTAR, el orden de inversión se encuentra alrededor de los ochocientos mil pesos para cada litro sobre segundo tratado, mientras que una nueva puede llegar a requerir —según la experiencia del autor— una inversión de dos millones de pesos por litro sobre segundo tratado. La rehabilitación considera el aprovechamiento de infraestructura existente. Si se suma el costo de rehabilitación de las PTAR existentes para atender la nueva norma al costo de inversión para nueva infraestructura, se requiere un nivel de inversión cercano a los doscientos cincuenta mil millones de pesos.

Para visualizar de otra forma la inversión requerida, se compara con el presupuesto anual promedio de la Comisión Nacional del Agua en los últimos diez años; alrededor de cuarenta mil millones de pesos (ANEAS, 2025). Esto significa que se requiere al menos 6.2 veces más presupuesto que lo que se destina a la CONAGUA en un año para poder atender el tratamiento de aguas residuales en el país bajo el marco de la nueva norma. Esto solamente considera las PTAR; no hay que olvidar que es necesario dar mantenimiento, rehabilitar y construir nueva infraestructura (drenaje, cárcamos de bombeo, colectores marginales, obras hidráulicas para almacenamiento, contención y desviación de aguas residuales, entre otras) para la captación y conducción del agua residual y en su caso, invertir también en todo lo necesario para destinar el agua tratada al reúso y poder así liberar agua de primer uso para consumo humano directo. El Plan México previó una inversión total de treinta mil ochocientos ochenta y cinco millones de pesos en 2025 para treinta y siete proyectos hídricos estratégicos (CONAGUA, 2025). Este presupuesto se deberá incrementar o al menos sostener durante una década.

Plantas de tratamiento de aguas residuales abandonadas. 

 Juan Manuel Morgan-Sagastume

Para asegurarlo, es necesario establecer el saneamiento del país como un proyecto estratégico prioritario que debe trascender sexenios.

¿QUÉ HACER?
Tiempos políticos 
Es necesario eliminar la intromisión de los elementos políticos en las decisiones técnicas que se requieren para establecer y supervisar el saneamiento de una localidad o región. El agua debe ser incolora y su gestión política, completamente neutra.

Los periodos trianuales en el gobierno municipal generan una perspectiva gubernamental a corto plazo que obstaculiza la puesta en marcha de políticas de largo plazo, como es habitual con las políticas medioambientales. Existen situaciones en las que el gobierno saliente no proporciona al entrante información técnica relevante debido a que pertenecen a partidos políticos opuestos, o este último deroga lo hecho por el anterior. 

Información confiable y asequible 
Una de las principales señales de que la gestión del agua en una región es eficaz es la disponibilidad de información confiable, clara y accesible en términos técnicos, administrativos, económicos, ambientales y sociales. La falta de información es un gran obstáculo para promover políticas públicas que busquen mejorar la gestión del agua, ya que se relaciona con corrupción, ineficiencia, impunidad y opacidad, así como con una rendición de cuentas muy escasa y la ausencia de una genuina cultura del agua. 


Investigación y educación 
Es esencial instruir a la población, especialmente a las infancias, sobre la importancia de preservar los recursos naturales con una perspectiva de largo plazo. Los programas de información y educación deben ser continuos y concertados, además de que deben integrar e involucrar a todos los ámbitos de la sociedad. El gobierno mexicano debe fomentar la investigación básica y aplicada acerca del tratamiento de aguas residuales y el desarrollo de tecnologías mejor adaptadas a las diversas condiciones y limitaciones de los municipios del país. 

Es necesario crear material educativo y lúdico especializado y adecuado a la realidad geográfica para concientizar a la población, además de facilitar el cambio de conducta hacia el cuidado del agua como recurso en general y posibilitar que los ciudadanos se apropien de los conocimientos. Esto también implica sensibilizar a la sociedad para aceptar el pago por la prestación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento.

Es importante considerar la especialización y profesionalización del personal requerido para operar una PTAR, especialmente en zonas donde no sea fácil contar con personas con la formación técnica adecuada. Se aconseja priorizar aquellas tecnologías que no exigen una especialización elevada para su funcionamiento y arranque y, si es necesario, garantizar la continuidad de este personal esencial en su empleo.

Apoyo financiero y fiscal 
Son necesarios esquemas y programas tarifarios que permitan a los organismos operadores de agua autofinanciarse, además de programas eficaces en los tres niveles de gobierno que brinden soporte financiero a esas entidades y garanticen su funcionamiento.

La mayor parte de los programas federales de apoyo comparten en esencia un respaldo financiero para la construcción y la inversión en infraestructura nueva o su rehabilitación. Sin embargo, no incluyen el financiamiento para cubrir los costos que se generan por el mantenimiento y operación de dicha infraestructura durante toda su vida útil. Es frecuente descubrir PTAR inactivas, ya que no existen las condiciones económicas necesarias para su mantenimiento. Es crucial fomentar un financiamiento apropiado que esté dirigido, en particular, a la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento. 

Reúso de agua 
La infraestructura de tratamiento no debe limitarse solamente a cumplir con las regulaciones de descarga, sino que debe contemplar el reúso de agua tratada como objetivo primordial. Esto permitirá que se libere la demanda de agua potable en actividades que pueden ser realizadas con agua tratada. Fomentar el reúso agrícola, municipal, habitacional e industrial es necesario en cada población. Hay que efectuar estudios para determinar el potencial de agua tratada en poblaciones o regiones para una planificación adecuada (Morgan-Sagastume et al., 2023). 

Participación de la iniciativa privada 
Uno de los dilemas está en definir si el gobierno debe gestionar solo el tema del agua o con el concurso y apoyo de compañías privadas por medio de concesiones. Para solucionar esto, un principio fundamental es impedir la imposición de ideologías que definan a priori qué hacer sin considerar los aspectos concretos de cada caso. Las soluciones, tanto públicas como privadas, pueden operar con eficiencia, siempre que se respeten principios básicos comunes de regulación y eficiencia, además de condiciones institucionales, administrativas, operativas y financieras.

Es necesario robustecer la situación financiera de los operadores públicos, sobre todo en áreas o zonas del país con pobreza o marginación, donde el interés privado para invertir se vería afectado por la escasa capacidad de pago de los habitantes servidos. En otras palabras, la iniciativa privada no puede resolver por sí sola el problema del tratamiento de las aguas residuales en el país; es necesario que el Estado intervenga de manera decidida y contemple la participación del sector privado únicamente como un apoyo bajo su orientación, coordinación y fiscalización.

Plantas de tratamiento de aguas residuales abandonadas.

 Juan Manuel Morgan-Sagastume

Selección adecuada de tecnología 
Las tecnologías se eligen por costumbre, por experiencia anterior o según lo que ofrece el mercado al dar un peso específico alto al criterio de decisión consistente en el costo de inversión, relegando la importancia que representa el costo de operación y mantenimiento. Este enfoque no siempre es el apropiado, pues puede llevar a ignorar aspectos particulares del proyecto, así como el contexto social, económico o medioambiental en el que se implementan. Lo anterior, está claro, es consecuencia de la gran dependencia tecnológica que tiene el país y que, bajo ciertas circunstancias, propicia caer en intereses comerciales poco éticos.

Es indudable la eficacia de la mayoría de las tecnologías disponibles en el mercado para el tratamiento de aguas residuales y la producción de agua tratada con las condiciones requeridas para acatar la normativa vigente. No obstante, pueden requerir una alta cantidad de energía eléctrica; ser complicadas en lo que respecta al mantenimiento, control y manejo de lodos así como a la obtención de repuestos, y exigir personal altamente capacitado para su operación. Dado que las administraciones municipales suelen enfrentarse a la limitación de recursos, la elección de tecnología es crucial para asegurar la sostenibilidad de la infraestructura durante su vida útil.

Creación de un organismo técnico público altamente especializado 
Se propone la creación de un ente u organismo público, estatal o regional, apolítico (aparte de las Comisiones Estatales del Agua), que brinde soporte técnico especializado a los municipios, organismos operadores e iniciativa privada, en relación con la selección de tecnología y para emitir su opinión técnica sobre temas dentro de su competencia, como el diseño y funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales y saneamiento en general. Su ayuda podría extenderse incluso para brindar servicios de operación de plantas, sin que eso reemplace la supervisión del cumplimiento de las especificaciones de descarga que es responsabilidad de los organismos federales y municipales. Si este ente técnico regional gestiona plantas de tratamiento, asumirá la responsabilidad ante la autoridad correspondiente en relación con el cumplimiento de las normas vigentes y con la calidad del agua producida, actuando como representante de los municipios. 

Este organismo, entre otras actividades, podría crear un inventario detallado sobre el funcionamiento de las PTAR en la cuenca o región, definir conceptual y específicamente proyectos integrales para la gestión de la subcuenca y cuenca con el propósito de reutilizar agua tratada, desarrollar un programa de capacitación para operar y mantener PTAR, así como un plan regional para avanzar en tecnología apropiada a la zona, con la participación de universidades e instituciones regionales dedicadas al desarrollo científico y tecnológico y de recursos humanos altamente calificados (Morgan-Sagastume et al., 2022).

Economía circular 
Las tecnologías sostenibles para el tratamiento de aguas residuales son las que utilizan la menor cantidad posible de energía para llevar a cabo los procesos para los que fueron creadas, y al mismo tiempo requieren una mínima cantidad de materiales e insumos en general durante su construcción, estabilización, puesta en marcha y funcionamiento continuo. Una cualidad intrínseca de estas tecnologías es que no deberían tener un efecto negativo en el entorno social y natural; al contrario, fortalecerán su desarrollo a través de la producción de agua tratada y la creación de subproductos reutilizables dentro del marco de una economía circular (nexo entre el agua, la energía y los alimentos).

En el caso específico del tratamiento de aguas residuales se aplica correctamente el modelo de economía circular de productos y subproductos, adecuado a lo que una PTAR sostenible busca por definición. Una PTAR tiene la capacidad de producir agua tratada de alta calidad que puede ser utilizada para devolver al medio ambiente el agua extraída (con el fin de cerrar el ciclo urbano del agua) o para obtener agua tratada destinada a su uso en actividades industriales, agrícolas y municipales. De igual forma, tiene la capacidad de producir subproductos como el biogás, que puede ser utilizado para generar energía, o los lodos, que pueden emplearse como fertilizantes agrícolas, por comentar lo más simple y que es práctica común en otros países. Hay tecnologías con capacidad de generar una mayor diversidad de subproductos utilizables en diversos sectores económicos.

Las PTAR pueden y deben ser consideradas como fábricas o instalaciones que procesan agua residual para la generación de agua tratada con calidad y subproductos, ya no como simples tratadoras de agua, para poder integrarlas correctamente en la maquinaria de una economía circular, siguiendo un enfoque sostenible que se ajuste a las tendencias contemporáneas.

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