Número 12
12 de mayo de 2026
El ciclo natural del agua que ocurre en una cuenca está determinado por una serie de factores físicos, geográficos, atmosféricos, biológicos, geológicos. Cuando los modificamos cambia su funcionamiento. ¿Cómo los alteramos? El primer indicador que resalto es la eliminación de la cobertura vegetal, la cual determina que el ciclo funcione correctamente. La cobertura vegetal ayuda con la evapotranspiración. Aunque la lluvia en una localidad no sólo depende de la evapotranspiración porque también es aportada por los vientos, la vegetación contribuye de manera muy significativa; aunque, claro, más en las selvas tropicales que en las zonas áridas. Cuando eliminamos la vegetación, reducimos ese aporte.
Un segundo factor de alteración es que, al deforestar los ecosistemas, el agua que precipita directamente a la superficie genera escurrimientos que arrastran el suelo, provocando erosión. Los sedimentos se acumulan en los cuerpos de agua y se provoca el azolvamiento.
También alteramos el ciclo hidrológico con la pavimentación. Sellamos los suelos en la construcción de zonas urbanas e infraestructura, lo que agrava el proceso de no infiltración.
Una alteración más es la contaminación que generamos a partir de las actividades humanas en una cuenca: la mayor parte del agua que se usa se descarga con contaminantes. Muy pocos países tratan toda su agua antes de descargarla. Así se contaminan lagos, arroyos y ríos hasta llegar al mar y afecta también a los acuíferos por la infiltración de contaminantes.
Hay que añadir también que la mayoría de los grandes ríos del mundo tienen presas y los flujos de agua y movilidad de las especies acuáticas se impactan.
Todas estas alteraciones modifican la cantidad y calidad del agua disponible, lo que se ve fuertemente agravado por el cambio climático que provoca que disminuya la cantidad de agua congelada, que se pierdan los glaciares, que se prolonguen las sequías, aumenten las inundaciones, se concentren las lluvias en menos meses. Todo esto tiene impactos importantes en la producción de alimentos, en la salud humana y en el comportamiento de los ciclos biológicos de las especies.
El ciclo hidrológico también se altera por la ocupación desordenada de las cuencas y el inadecuado uso del suelo. La población sigue aumentando e incrementa la demanda de recursos naturales, incluyendo el agua. Esta situación puede convertir una cuenca con suficiente agua en una con estrés hídrico. Un claro ejemplo es la Cuenca del Valle de México, entre muchas otras.

UI: El artículo 4º constitucional consagra el derecho humano al agua. ¿En qué situación nos encontramos en relación con este derecho en México?
JC: En México el agua es un bien de la nación. En la reforma de 2012 del artículo 4° constitucional se estableció el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente para consumo personal y doméstico. La cobertura de estos servicios ha mejorado; no obstante, todavía cerca de diez por ciento de la población carece de esta garantía y si consideramos a la población sin acceso continuo al agua potable puede llegar a casi la mitad de la población. Las diferencias son, además, muy marcadas entre la población urbana y la rural; entre estados de la República —siendo Chiapas, Guerrero, Oaxaca los de mayores carencias—, y entre sectores de la población. Particularmente la población indígena y en situación de pobreza es la que más sufre de estas carencias. Garantizar el derecho humano al agua implica una cobertura universal y de calidad, para lo cual hay que tener políticas diferenciadas para cada situación y cada región. El reto es enorme e implica incremento de las inversiones y un alto nivel de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ya que la competencia está distribuida entre la federación, los estados y los municipios.
LA CANTIDAD DE AGUA EN MÉXICO ES SUFICIENTE PARA TODAS LAS PERSONAS, PERO SU DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN TIENEN QUE CAMBIAR
En diciembre de 2025 se promulgó la Ley General de Aguas (ver pp. 146 en este número), que es la ley reglamentaria del derecho humano al agua y al saneamiento y prioriza el acceso al agua para consumo personal y doméstico. Además, lo vincula con el derecho al medio ambiente sano. También se reformó la Ley de Aguas Nacionales. Sus principales cambios fueron, uno, eliminar la compra-venta y transferencia privada de derechos de agua, y dos, reconocer las formas comunitarias de gestión de agua. Estas nuevas leyes enfatizan la gestión integral del manejo del agua y la adaptación al cambio climático. Falta ahora actualizar el reglamento que ha quedado muy rezagado. Con esto se cierra, o al menos el gobierno pretende cerrar, un proceso de debates alrededor de la Ley de Aguas Nacionales que inició hace más de tres lustros.
En resumen diría que la cantidad de agua en México es suficiente para todas las personas, pero su distribución y gestión tienen que cambiar y esperemos que la nueva legislación promueva y acelere estos cambios para dar cumplimiento al derecho humano. Ello obliga a priorizar el agua que requiere la naturaleza para mantener el ciclo hidrológico y el consumo humano. Si no consideramos las necesidades del proceso natural del ciclo hidrológico para mantenerlo funcional, estaremos acabando con la fábrica de agua.
Por eso no es viable instalar grandes proyectos que tienen una gran dependencia en el agua, en regiones donde es escasa. Por ejemplo, en el norte del país, mucha del agua disponible es agua no renovable, la que llamamos fósil, es decir, agua que se generó en épocas en las que el régimen climático de esos sitios era completamente diferente al actual. En esos sitios no debe instalarse infraestructura ni desarrollos altamente demandantes de agua. La planeación regional y de largo plazo es indispensable y debe tomar en cuenta las condiciones de los recursos naturales de cada sitio. Sin embargo, no estamos planeando con una visión integral y de largo plazo.
SI NO CONSIDERAMOS LAS NECESIDADES DEL PROCESO NATURAL DEL CICLO HIDROLÓGICO PARA MANTENERLO FUNCIONAL, ESTAREMOS ACABANDO CON LA FÁBRICA DE AGUA
UI: Esto significa también que hay una geopolítica del agua en términos de que compartimos cuerpos, cuencas, con otros países. Pensamos en la frontera norte, en el río Colorado y en el río Bravo. Compartimos las cuencas con Estados Unidos y recibimos un agua que no es, digamos, entera, que no está limpia o que no es todo lo que debería de llegar hasta nosotros. ¿Cómo se dirime el interés sobre una cuenca cuando se trata de negociar con otro país, como es el caso de México y los Estados Unidos, o el del Soconusco en el río Suchiate o el Usumacinta, que son ríos fronterizos?
JC: Tenemos un instrumento binacional para la gestión del agua entre países vecinos, la Comisión Internacional de Límites y Aguas que conocemos como “la CILA”. Pero funcionan de manera muy diferente en el norte y en el sur. Con Estados Unidos la CILA es muy activa y negocia constantemente los volúmenes de entrega y recepción de agua; en el caso del Río Bravo, México la tiene que entregar a Estados Unidos y en el caso del Río Colorado, Estados Unidos a México. Pero siempre hay problemas con el cumplimiento y por lo tanto muchas tensiones. Por ejemplo, el Río Colorado tiene muchas presas y Estados Unidos entrega menos agua de la que necesitan los ecosistemas del norte del Mar de Cortés, por lo que los humedales y la fauna silvestre de este maravilloso y único acuario natural se ven severamente afectados, sobre todo en la parte del delta del Río Colorado. Esta situación se agrava por el cambio climático y por el crecimiento de la población, porque en el norte de México y en el sur de Estados Unidos la sequía es cada vez más intensa y
prolongada y, al mismo tiempo, la demanda aumenta: dos problemas que se combinan y el estrés hídrico se incrementa. Cuando aumenta el volumen de la descarga los humedales se recuperan rápidamente. La resiliencia de la naturaleza es maravillosa.
La CILA de la frontera entre México y Guatemala es mucho menos activa. De hecho, se evitan estos temas en las reuniones binacionales. Sin embargo, también hay problemas, pero en este caso son por la calidad del agua y el manejo de las presas de la parte guatemalteca. Compartimos con Guatemala el río Suchiate en la zona del Soconusco. El agua de este río está muy contaminada por las descargas de agua sin tratar de las poblaciones ribereñas de ambos países. También compartimos la cuenca del río Usumacinta. Los ríos que alimentan los tributarios del Usumacinta del lado guatemalteco están represados. Cuando los huracanes, frecuentes en la zona, llenan las presas guatemaltecas, se desfogan e inundan la cuenca media y baja mexicana. En 2020, por ejemplo, se desfogó una presa del río Chajul, tributario del Lacantún, que a su vez desemboca en el Usumacinta. No se avisó a la población asentada del lado mexicano y las aguas de esta presa, que bajaron con mucha fuerza, acarreando muchos sedimentos y contaminantes, causaron severos daños; cambió el cauce del río Lacantún, arrastró ganado e infraestructura, inundó poblados y depositó sedimentos contaminados en las parcelas. Ninguna autoridad quiso hacerse cargo de esto y la gente quedó abandonada a su suerte, enfrentando sola los daños. La CILA no funcionó.
LOS CONTAMINANTES FLUYEN CON LAS CORRIENTES MARINAS Y AFECTAN EXTENSAS ÁREAS DEL PLANETA. LA CRISIS DEL AGUA ES UNA CRISIS GLOBAL
El tema ambiental está insuficientemente incorporado en las negociaciones de la CILA, a pesar de que afecta a ecosistemas estratégicos por su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. ¿Cómo es posible? Compartimos ecosistemas, flora y fauna, corredores biológicos y áreas protegidas, pero el medio ambiente nunca es prioridad para prevenir los daños y la degradación que, tarde o temprano, afectan a las personas.
UI: La política nacional tendría que estar articulada con las decisiones que se toman en otros países, dado que la situación trasciende las fronteras.
JC: Sí. Aunque la percepción es que el tema del agua es un asunto local, de cada país, en realidad es un tema que concierne a todos y debe atenderse de manera global e integrada con los demás sistemas naturales y socioeconómicos. Tiene que ver con las formas de consumo de los grupos sociales, con la forma de producción de los distintos sectores, con el cambio climático y el cambio de uso del suelo. Todos estos elementos están interconectados y tienen vinculaciones y repercusiones globales. Por ejemplo, las aguas que se contaminan en un país por el uso excesivo de agroquímicos fluyen por los ríos hasta el mar y afectan a la flora y fauna de los ecosistemas marinos, incluso hasta provocar zonas muertas. Además, los contaminantes fluyen con las corrientes marinas y afectan extensas áreas del planeta. La crisis del agua es una crisis global.
UI: ¿Cómo pueden contribuir las universidades, en particular la UNAM, para incidir en las políticas públicas? ¿Qué opina de los proyectos que tiene la UNAM? ¿Cómo podrían funcionar no sólo en cuanto a la investigación, sino en cuanto a generar acciones efectivas?
JC: Sin duda la UNAM juega un gran papel y tiene una enorme responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. El conocimiento que se genera en la UNAM tiene que convertirse en la base de muchas decisiones de políticas públicas. Cuando los científicos participan y las decisiones se toman con la mejor ciencia disponible, las soluciones son mejores y duraderas. De lo contrario, las decisiones son fundamentalmente políticas. Desafortunadamente no existen los mecanismos formales e institucionales para el flujo conocimiento-decisión. Los esfuerzos que se realizan suelen estar más basados en relaciones personales que institucionales y es común que no haya continuidad tras los cambios de gobierno.
Un caso ejemplar es el de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que convoca y acopia el conocimiento de los universitarios, de los expertos y lo utiliza para diseñar políticas públicas y propuestas de solución a múltiples problemas vinculados con la biodiversidad mexicana. Los obstáculos surgen después, en la implementación de las políticas. Pero la institución en sí es una historia de éxito que hay que replicar en todos los temas; la Conabio es una interfaz entre la generación de conocimiento y la toma de decisiones.
Así debería funcionar el Instituto Mexicano Tecnológico del Agua (IMTA), haciendo acopio de la investigación científica que se está generando en el país para guiar la toma de decisiones de políticas hídricas. Desafortunadamente el IMTA no ha logrado convocar a los científicos en la dimensión que logra la Conabio. Hay convenios y trabajo realizado entre investigadores, pero están aislados y no se articulan en torno de la toma de decisiones. La UNAM cuenta con académicos e investigadores de excelencia, con reconocimiento internacional, pero por lo general no se les escucha. También encontramos la situación inversa, investigadores que no están dispuestos a dedicar tiempo a ser escuchados, aunque hay que hacerlo. Por ejemplo, quien no disponga de tiempo para defender los ecosistemas que estudia ni para plantear soluciones a sus múltiples problemas, se topará en el corto plazo con que su objeto de estudio habrá desaparecido.
Ese es un potencial que tiene la UNAM. El rectorado del doctor Lomelí está empujando muchos proyectos con estas características; sin embargo, las inercias universitarias son muy fuertes y la velocidad de los problemas rebasa a la de las respuestas. Es necesario dedicar mayores esfuerzos a la articulación de disciplinas para atender problemas complejos e incidir en políticas públicas. ¿Dónde está la agenda universitaria que proponga cómo debe ser el manejo sustentable del agua? La UNAM debe ser crítica y analítica; no sólo reactiva sino muy propositiva.
ES NECESARIO DEDICAR MAYORES ESFUERZOS A LA ARTICULACIÓN DE DISCIPLINAS PARA ATENDER PROBLEMAS COMPLEJOS E INCIDIR EN POLÍTICAS PÚBLICAS
UI: Dijo usted —citamos textualmente—: “La toma de decisiones con la mejor ciencia posible es obligada; no hacerlo debe ser una grave falta y no es moral”.
JC: Sí. Pienso que los funcionarios públicos, cuando tienen que tomar decisiones, deben asesorarse con la mejor evidencia científica disponible. Si, a pesar de que la ciencia advierte de los riesgos de la implementación de un proyecto, el proyecto se autoriza y se provocan daños al ambiente, la persona debe ser sancionada y asumir su responsabilidad.
UI: Respecto de las tecnologías que, se ha dicho, transforman la gestión hídrica, ¿cómo están funcionando? Planes de captación de agua de lluvia, cisternas flexibles, infraestructuras verdes, ¿tienen un impacto?
JC: Estas tecnologías, a pesar de haber demostrado su eficiencia en múltiples circunstancias, no se incorporan a las políticas públicas. Por ello, su impacto es más bien local; son ejemplos exitosos de tecnologías basadas en la naturaleza, específicos para diferentes regiones, pero aislados en comunidades, con las asesorías de organizaciones de la sociedad civil que los implementan o de universitarios comprometidos en estos temas, pero se quedan en el nivel de experiencias piloto.
Su gestión e implementación no es fácil, sobre todo por la dispersión de comunidades en las que se deben aplicar. Pero para eso está la sociedad. ¿Cuántas manos pueden multiplicar los esfuerzos si se involucra a la sociedad civil organizada? Sin embargo, las organizaciones civiles están muy debilitadas. Su fortalecimiento es una prioridad para recuperar su fuerza multiplicadora.
UI: Los datacenters que utilizan grandes cantidades de agua y que se empiezan a instalar por todas partes, ¿ejercerán más presión en estas circunstancias?
JC: Serio problema. El almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos consume alarmantes cantidades de energía para operar los datacenters y de agua para enfriarlos. No hay conciencia sobre esto por parte de los usuarios. Debemos ser mucho más racionales en el uso de este instrumento, usando modelos ligeros cuando sea posible, realizando menos consultas pero más eficientes, minimizando el almacenamiento innecesario de datos y reutilizando el calor que generan los centros de datos, entre otras medidas. Si la UNAM avanza en este sentido, debe tomar muy en cuenta los impactos ambientales y mitigar sus efectos.
UI: Desde su experiencia como científica y defensora del medio ambiente, ¿qué mensaje daría a las nuevas generaciones universitarias respecto de la responsabilidad que tienen de proteger la gestión del agua?
JC: Estoy convencida de que hay solución a las crisis. Si no fuera el caso, ya hubiera abandonado estas batallas desde hace mucho. El papel de las universidades es la formación de profesionistas de alto nivel con una conciencia crítica. No importa en qué disciplina se hayan formado: en su vida profesional, tener una conciencia de respeto a la naturaleza y una visión de la problemática que enfrenta la vida, no sólo de los humanos, sino de todos los seres vivos, es esencial para construir un mejor futuro para todos.
Así, los universitarios, tienen como principal compromiso formarse bien. La universidad ofrece múltiples oportunidades de recibir información de calidad y de formarse una visión analítica multidisciplinaria. También facilita las condiciones para aprender a colaborar, a organizarse a muchas escalas. Después del largo periodo de aislamiento durante la pandemia de COVID-19 se han perdido muchas actividades y costumbres de la vida colectiva. Asiste poca gente a muchas conferencias, debates y asambleas, así como a otras actividades de convivencia como el cine y el teatro. Tenemos que alimentar esa vida universitaria. No hay nada más maravilloso como estudiante que vivir plenamente el campus y entre clases, cine, conferencias, exposiciones y otras actividades culturales, formarnos como mejores personas. Esas juventudes con una actitud y conciencia diferente harán el cambio de rumbo para una mejor vida, la que escojan. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, mantenernos en la zona de confort, desentendernos del prójimo y de la salud del planeta. Creo que necesitamos que todos los universitarios estemos orientando mejor nuestro quehacer.
UI: Sobre su trabajo en la Selva Lacandona, que es una región importante en el tema de la biodiversidad, ¿qué acciones considera urgentes para proteger este espacio y cuál es su papel en la regulación del agua?
JC: La Selva Lacandona, donde trabajo, es la zona de captación de agua dulce más importante del país. Las cuencas del Usumacinta y el Grijalva proporcionan el treinta por ciento del agua dulce de México. El Usumacinta es un río vivo, el agua corre libremente; uno de los pocos ríos grandes en esta condición. Por eso nos hemos opuesto siempre a los intentos de construcción de una presa, que ha sido un plato muy apetitoso para los ingenieros, y afortunadamente hemos logrado pararla sexenio tras sexenio. La cuenca, en su parte mexicana, hoy tiene ya instrumentos muy positivos para la conservación del ciclo hidrológico y de la biodiversidad. Entre ellos están las áreas naturales protegidas que conservan los ecosistemas. Además de ser la zona más biodiversa de México, tiene esa función de captación de agua y las áreas protegidas, sobre todo la Reserva de la Biosfera Montes Azules, juegan un papel crucial.
No obstante, una de las principales amenazas que tenemos es que hay un descontrol en la gestión de la reserva en la parte noroeste, a la que llamamos “el tinaco nacional” porque ahí se encuentra un sistema lagunar muy extenso. Las tierras alrededor de esas lagunas han sido invadidas y deforestadas, por lo que requieren una intervención muy seria y un proceso de restauración.
El otro instrumento muy importante que ya se tiene en la cuenca es que fue decretada como una reserva de agua, en donde se consideró la cantidad de agua que se puede utilizar y cuánta se necesita para mantener los humedales de la cuenca baja, como los de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla en Tabasco, hasta su desembocadura en el Golfo de México. Gracias a la reserva ya no se pueden llevar a cabo procesos productivos con alto consumo de agua ni construir la presa que modificaría el flujo de agua. Claro que siempre hay riesgo de que un decreto se derogue. Por eso es tan importante que la sociedad lo entienda y lo defienda.
También hay que restaurar los cuerpos de agua que permitan que el ciclo hidrológico funcione bien. Muchos de los arroyos y ríos están deforestados y se secan en la temporada de secas. Con la variación del clima este problema se ha acentuado. El trabajo que hacemos entre la Facultad de Ciencias de la UNAM y la organización Natura y Ecosistemas Naturales, junto con las comunidades campesinas, es el de restaurar la vegetación ribereña. Además, con las acciones de capacitación y educación ambiental, así como con la implementación de actividades productivas sustentables como ecoturismo o los sistemas agroforestales, se está deteniendo la deforestación.
La región tiene también un problema de uso muy intenso de agroquímicos que pone en riesgo la salud de las personas y la calidad del agua. Estamos fomentando la agroecología para disminuir el consumo de los agroquímicos.

UI: ¿Qué tan efectiva es la perspectiva agroecológica para el desarrollo sostenible?
JC: Yo creo que la agroecología en una región como esta, estratégica por su biodiversidad y por el agua que genera, es indispensable. Es muy compleja porque requiere un cambio del sistema de producción y de visión de la gente, pero está basada también en la experiencia de muchos pueblos originarios y eso es una gran ventaja. Requiere de acompañamiento y de subsidio porque al inicio bajan los rendimientos y se necesita más mano de obra. Pero a la larga es duradera; no se agota el suelo ni se contamina el agua (ver UNAM Internacional 3, pp. 90-107). Sin embargo, ¿quién lo va a pagar? El campesino no puede. El gobierno tiene que subsidiar la reconversión productiva. Es necesario que se integre como política pública y que se priorice en dónde; para mí, son las zonas de alta biodiversidad. Tenemos muy claramente señaladas en el país cuáles son las zonas de muy alta biodiversidad, donde están las comunidades campesinas indígenas y que se encuentran en situación de pobreza. Debería convertirse en política de Estado y la evidencia científica ha mostrado sus bondades.